En pie de lucha, por Alfredo Molano

En pie de Lucha
Opinión de Alfredo Molano en El Espectador, sobre el contexto de las protestas universitarias.

Contra viento y marea los estudiantes de la Universidad Nacional —la Gloriosa— volvieron a salir a la calle, acompañados esta vez por los no menos parados de la Distrital y de la Pedagógica.
Emocionante fue ver a miles de peladas y pelados desfilar por la 26, sentarse en la carrera séptima, tomarse la Plaza de Bolívar y gritar sus argumentos en orden, es decir, sin dejarse provocar por los profesionales de la provocación, el Esmad.

El movimiento estudiantil ha sido siempre una especie de vocero de los cambios que el país busca a tientas. La revuelta contra Abadía Méndez y el asesinato del estudiante Bravo Páez en 1929 anunciaron la República Liberal; con la masacre de estudiantes en el 54 se inició la pelea contra Rojas Pinilla que coronó el 10 de mayo del 57; en los años 68 a 71 defendimos la autonomía universitaria y nos rebelamos contra la vetusta Constitución del 86.
Ahora el movimiento que recorrió las calles de Bogotá, Medellín y Cali expresó la profunda crisis económica de los sectores medios y su aspiración a conservar, por lo menos, el derecho a la educación pública. Porque de eso trata el debate.

El Gobierno, obsesionado por los negocios y por la defensa a ultranza de los intereses del gran capital, busca debilitar la universidad pública en beneficio de la privada. Desde los años 90 los presupuestos de todas las universidades públicas han permanecido congelados, pero sus obligaciones de calidad y cobertura se han duplicado. La diferencia es un déficit crónico que puso a la Universidad del Atlántico a las puertas del cierre y hoy tiene contra la pared a las universidades de Pamplona, Caldas, Cauca.

A este paso, en 2018 no habrá universidad pública. Uribe quiere convertir la Nacional en una “empresa de consultoría para poder pagar la nómina”, comentó Beatriz Sánchez, directora del presupuesto de la UN.
La estrategia es simple: empujar la institución a la bancarrota para obligarla a subir matrículas de tal forma que se borren las diferencias con la universidad privada, y al mismo tiempo se debilite la investigación científica y la crítica social para transformar el alma máter del país en un instituto técnico que produzca mano de obra calificada. Una vieja tesis: América no necesita sabios. Le basta con técnicos obedientes que usen tarjeta de crédito y corbata.

Uribe sabe lo que quiere el bolsillo de los empresarios y lo que menos les interesa es una universidad deliberante y unos profesionales críticos. Sabe, además, que requerirá de la fuerza para someter al movimiento estudiantil. Desde hace unos meses viene diciéndolo y ha comenzado a hacerlo. En Bogotá, dirigió personalmente la tropa que entró a los predios de la Nacional —imitando a Fujimori en la toma de la Embajada de Japón y pasándose por la faja a la Alcaldía—; sindicó a los estudiantes que retenían al rector de secuestradores y ofreció recompensas por los autores. A última hora, y frente al tamaño y el apoyo de las manifestaciones estudiantiles, el Ministro de Hacienda aceptó un aumento tramposo del presupuesto para la universidad pública, que no resuelve el problema del déficit y más bien atenta contra la autonomía, puesto que el demagógico incremento lo manejará la Ministra de Educación.

La maniobra del Gobierno para detener las movilizaciones no tendrá éxito. La cosa es más profunda. Sólo el 0,4 del PIB está dedicado a universidad pública, mientras el de guerra, según el presupuesto aprobado para el año entrante, será del 14,2. Según cálculos del profesor Libardo Sarmiento, consultor de Unicef, un soldado profesional le cuesta al país $60 millones anuales, mientras un estudiante de la universidad pública le cuesta ocho millones.

El país fue testigo durante la semana de dos formidables manifestaciones de repudio al Uribato, la estudiantil y la indígena, que muestran a las claras que la gente está saliendo del silencio impuesto por el terror y del cual es una cifra tenebrosa la que ha hecho conocer la Fiscalía: 25.185 desaparecidos desde el año 89, sin contar los muertos por masacres, falsos positivos y demás horrores a los que casi estábamos acostumbrados.