Reforma a la Ley 30 de 1992
El Gobierno Nacional presentó hace unas semanas la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, la cual regula el servicio público de la educación superior en Colombia.
Según el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la ley no se ajusta al contexto actual, y preocupa que para su estructuración, la propuesta no contó con el análisis de quienes están directamente vinculados con el sector.
Desde entonces, el Ministerio de Educación Nacional estableció cinco espacios de trabajo para presentar el proyecto entre la comunidad universitaria del país que son [1] diálogos sectoriales, [2] foros internacionales, [3] mesas de trabajo, [4] foros regionales y [5] uno virtual.
La propuesta se centra en 4 aspectos fundamentales:
I. Calidad
II. Cobertura, acceso y permanencia
III. Pertinencia de la educación superior
IV. Transparencia
Según Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo Saavedra, los grandes beneficios que traerá la reforma son los siguientes:
- Más oferta y de calidad.
- Mejores condiciones de acceso.
- Adecuar el Sistema de acuerdo con las necesidades del país.
- Incorporar el buen gobierno y de transparencia.
- Mejorar la eficiencia, la calidad y la rendición de la cuenta.
- Es preciso que las universidades hagan esfuerzos para establecer alianzas.
- Se busca seguridad jurídica.
- Se crea fondo de seguridad privada.
- Se fortalece el Icetex.
- Se fortalece la participación regional.
- Se otorgarán recursos adicionales para capacitación y formación docente.
- Internacionalización y movilidad.
Sin embargo, líderes de la comunidad académica, del sector productivo y miembros de distintas organizaciones sociales han mostrado su preocupación por los siguientes aspectos:
- Cobertura
- Autonomía
- Ingreso de recursos privados
- Calidad
Opiniones [Videos, artículos de prensa y audios]
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Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia
Reportaje de Hora 13 de Teleantioquia
@elfreakymundo en Youtube
El Radar: Entrevista a Moises Wasserman, rector U.Nacional de Colombia
El radar: Entrevista a Jairo Rivera, representante estudiantil de la UN ante el CSU
Artículos y comunicados de prensa
| [+/-] | Debate por reforma a la Ley de Educación Superior - Semana |
La propuesta reforma a la Ley 30 de 1992 no cayó bien entre el sector universitario, que alista un proyecto de ley propio. Autonomía universitaria, universidades con ánimo de lucro y recursos insuficientes, temas del debate.
La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.
La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.
No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.
De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
El problema es de recursos
Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30.
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluida.
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...)
En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entreel 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.
“Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los Andes”, recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades.
“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional.
Dinero privado en la universidad pública
En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma.
Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.
Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación”, explica Campo.
“Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades”.
Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de los temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo conocimiento que generen las universidades, pero con el capital de las empresas?
Universidades con ánimo de lucro
Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.
De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.
Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ránking de las mejores universidades. “Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura Wasserman.
“Lesiona la autonomía universitaria”
La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder para vigilar y sancionar.
“Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. (…) Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.
Referencia Original: Semana
| [+/-] | Reforma no soluciona problemas de la educación superior - Unimedios |
Así lo afirmó el vicerrector de la UN en Manizales, William Ariel Sarache Castro, al término del II Foro regional de difusión y discusión al proyecto de reforma a la Ley 30.
El foro, organizado por el Ministerio de Educación Nacional y encabezado por el viceministro de educación superior, Javier Botero Álvarez, con el fin de dar a conocer el proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, contó con la coordinación del Sistema Universitario de Manizales (Suma).
Durante el encuentro, realizado en la Universidad de Caldas y al que asistieron aproximadamente 250 personas, el vicerrector de la sede Manizales expuso tres puntos acordes con lo manifestado por el rector de la UN de Colombia, Moisés Wasserman, y que van de la mano con la postura de otros rectores de universidades de la capital caldense que conforman la alianza Suma.
Las preocupaciones mayores, como las denominó, son la financiación pública, la autonomía universitaria y la equidad como resultado de una educación de calidad.
Frente a la autonomía universitaria, que también fue una preocupación manifestada por los demás asistentes al foro, el Viceministro de Educación expresó, “el mayor valor de la autonomía viene de la Constitución y obviamente el gobierno es totalmente respetuoso en este aspecto. Se mantiene y se fortalece la autonomía universitaria, lo que hay que tener claro es que lo que se ha venido trabajando y consolidado en la propuesta de reforma es poder dar una garantía pública, de que lo que decide hacer la Universidad dentro de su autonomía lo haga bien. Esto hace parte de los puntos de aseguramiento de la calidad y de la inspección y vigilancia”.
En el foro participaron también Ricardo Gómez Giraldo, rector de la Universidad de Caldas; Juan Manuel Jaramillo, presidente del capítulo del Eje Cafetero de la Sociedad Colombiana de Filosofía y Gloría María Hoyos, miembro del Consejo de Educación Superior (CESU) y rectora del Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas.
El rector de la Universidad de Caldas le manifestó a la Agencia de Noticias, que los rectores de las universidades de Manizales tienen varias inquietudes, “hay una gran reforma hacia la cobertura debido a que cada vez hay más bachilleres, pero el problema es que no vemos un enfoque hacia la calidad. No creemos que la orientación del mercado, al permitir universidades con ánimo de lucro, redunde finalmente en beneficio, puesto que se van a ofrecer cupos masivamente, además pensamos que un país tan inequitativo, tan desigual necesita universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y con muy buena garantía de financiación”.
Por su parte Guillermo Orlando Sierra Sierra, rector de la Universidad de Manizales expresó, “creo que todavía no hay un direccionamiento de cuáles serán los programas que privilegiará Colombia en términos del horizonte de desarrollo estratégico de país, me parece que homogeniza y aplana la identidad real de las universidades, tanto de las privadas como las públicas en términos del trayecto histórico que han venido trabajando, y creo que de base no esta resuelto el dilema de cómo esa nueva inversión va a llegar a los bolsillos de los estratos 1 y 2 que son los que más dificultad tienen para ingresar a la educación superior”.
El Ministerio de Educación tiene programada la realización de siete foros, el primero se realizó en Tunja este 25 de marzo y culminarán el próximo 1° de abril en Barranquilla. Otros espacios de trabajo establecidos por el Ministerio para la discusión de la reforma son diálogos sectoriales, foros internacionales, mesas de trabajo y foros virtuales.
Referencia Original: Unimedios
El foro, organizado por el Ministerio de Educación Nacional y encabezado por el viceministro de educación superior, Javier Botero Álvarez, con el fin de dar a conocer el proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, contó con la coordinación del Sistema Universitario de Manizales (Suma).
“Positivo tener al viceministro explicando el sentido de la reforma a la ley y que se de espacio a los diferentes puntos de vista. Creo que todavía no hay respuestas plenas a las inquietudes que tiene la Universidad Nacional. Continúa la discusión y en este sentido es importante que participe la comunidad académica, porque se nos puede perder la oportunidad de hacer una buena ley”, afirmó a la Agencia de Noticias de la UN, Sarache Castro.
Durante el encuentro, realizado en la Universidad de Caldas y al que asistieron aproximadamente 250 personas, el vicerrector de la sede Manizales expuso tres puntos acordes con lo manifestado por el rector de la UN de Colombia, Moisés Wasserman, y que van de la mano con la postura de otros rectores de universidades de la capital caldense que conforman la alianza Suma.
Las preocupaciones mayores, como las denominó, son la financiación pública, la autonomía universitaria y la equidad como resultado de una educación de calidad.
“La reforma a la Ley no es una buena solución al problema, ni siquiera esta vista como una ley a largo plazo sino casi como una solución para resolver problemas de este gobierno y tal vez del segundo. En términos generales tenemos preocupaciones en que el esquema de la ley no hace una reforma estructural al problema de la educación superior en Colombia, y no está ajustado ni promueve el crecimiento en áreas estratégicas de desarrollo. Creemos que genera problemas de inequidad y calidad, la aparición de universidades con ánimo de lucro necesariamente forja operación con base en lógica de mercado, además pensamos que algunos artículos deben ser revisados frente a la autonomía universitaria que esta consagrada en la Constitución”, aseguró el funcionario.
Frente a la autonomía universitaria, que también fue una preocupación manifestada por los demás asistentes al foro, el Viceministro de Educación expresó, “el mayor valor de la autonomía viene de la Constitución y obviamente el gobierno es totalmente respetuoso en este aspecto. Se mantiene y se fortalece la autonomía universitaria, lo que hay que tener claro es que lo que se ha venido trabajando y consolidado en la propuesta de reforma es poder dar una garantía pública, de que lo que decide hacer la Universidad dentro de su autonomía lo haga bien. Esto hace parte de los puntos de aseguramiento de la calidad y de la inspección y vigilancia”.
En el foro participaron también Ricardo Gómez Giraldo, rector de la Universidad de Caldas; Juan Manuel Jaramillo, presidente del capítulo del Eje Cafetero de la Sociedad Colombiana de Filosofía y Gloría María Hoyos, miembro del Consejo de Educación Superior (CESU) y rectora del Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas.
El rector de la Universidad de Caldas le manifestó a la Agencia de Noticias, que los rectores de las universidades de Manizales tienen varias inquietudes, “hay una gran reforma hacia la cobertura debido a que cada vez hay más bachilleres, pero el problema es que no vemos un enfoque hacia la calidad. No creemos que la orientación del mercado, al permitir universidades con ánimo de lucro, redunde finalmente en beneficio, puesto que se van a ofrecer cupos masivamente, además pensamos que un país tan inequitativo, tan desigual necesita universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y con muy buena garantía de financiación”.
Por su parte Guillermo Orlando Sierra Sierra, rector de la Universidad de Manizales expresó, “creo que todavía no hay un direccionamiento de cuáles serán los programas que privilegiará Colombia en términos del horizonte de desarrollo estratégico de país, me parece que homogeniza y aplana la identidad real de las universidades, tanto de las privadas como las públicas en términos del trayecto histórico que han venido trabajando, y creo que de base no esta resuelto el dilema de cómo esa nueva inversión va a llegar a los bolsillos de los estratos 1 y 2 que son los que más dificultad tienen para ingresar a la educación superior”.
El Ministerio de Educación tiene programada la realización de siete foros, el primero se realizó en Tunja este 25 de marzo y culminarán el próximo 1° de abril en Barranquilla. Otros espacios de trabajo establecidos por el Ministerio para la discusión de la reforma son diálogos sectoriales, foros internacionales, mesas de trabajo y foros virtuales.
Referencia Original: Unimedios
| [+/-] | Comenzó discusión sobre reforma a la Ley 30 - Unimedios |
Se está presentando un conjunto de medidas para solucionar los problemas de la educación superior, dijo Javier Botero, Viceministro de Educación Superior, al explicar la reforma a la Ley 30.
En diálogo con el programa UN Análisis de UN Radio, hizo énfasis en que la principal aspiración del Gobierno es que más jóvenes accedan a la educación superior con calidad y pertinencia. Con el proyecto se están planteando tres niveles de discusión: financiación de las universidades públicas, aportes del sector privado y creación de universidades privadas con ánimo de lucro.
Sobre estos tres puntos, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmó: “No se responde a las necesidades de las universidades, no sabemos cómo se van a dar los aportes del sector privado ni qué pasa con las universidades privadas con ánimo de lucro cuando no hay ninguna institución de este tipo en los rankings mundiales de calidad”.
Según el Viceministro, “los tres niveles que plantea el Rector están vistos desde una sola arista. Los aportes de la Nación nunca son suficientes para financiar a la educación superior y esta reforma viene acompañada del proyecto de las regalías que ya cursa en el Congreso. De ser aprobado, el 10% iría para la investigación e innovación y tendría un impacto enorme en los próximos tres años, porque serán 2,5 billones de pesos”.
Y agregó que “en Colombia la participación del sector productivo en la educación superior ha sido en proyectos de investigación, con la propuesta se busca una claridad jurídica, que haya una alianza y el sector privado haga una inversión directa en una institución pública para que se beneficien los dos”.
En cuanto a las universidades con ánimo de lucro, Botero expresó: “No esperamos que haya investigación, tampoco es la solución para la cobertura ni la calidad, pero sí es una parte de la resolución del problema, están enfocadas a la formación, muchas a nivel técnico y tecnológico. Un país necesita universidades que formen conocimiento, pero también necesita técnicos y tecnólogos”.
Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN de Colombia y miembro del Comité Asesor de la Rectoría para analizar la propuesta, señaló: “El primer artículo de la propuesta dejó una parte importante de la Constitución Nacional y es la educación como derecho y el acceso a la ciencia. Hay una concepción de la educación superior como un bien normal y se espera un comportamiento de oferta demanda, pero eso no funciona así. Si se quiere tener universidades de punta a nivel internacional y proyectar al país, se deben tener más recursos para instalar aulas con tecnología y desarrollar procesos de investigación. Realmente nos estamos preocupando más por el costo–beneficio que por la calidad a ofrecer”.
El artículo 1 del proyecto de reforma dice: “La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. Por esa razón la preocupación del Rector Wasserman es que esta función sea delegada.
A este cuestionamiento, Botero respondió: “Estamos diferenciando las universidades, cada vez las instituciones técnicas y tecnológicas buscan la forma de ofrecer programas profesionales, y si cumplen con los requisitos, que lo hagan. El único cambio es en el tema de autonomía y es que para el caso de las universidades públicas tienen una dependencia presupuestal y buscamos que tanto públicas y privadas tengan el mismo nivel de autonomía”.
Referencia Original: Unimedios
En diálogo con el programa UN Análisis de UN Radio, hizo énfasis en que la principal aspiración del Gobierno es que más jóvenes accedan a la educación superior con calidad y pertinencia. Con el proyecto se están planteando tres niveles de discusión: financiación de las universidades públicas, aportes del sector privado y creación de universidades privadas con ánimo de lucro.
Sobre estos tres puntos, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmó: “No se responde a las necesidades de las universidades, no sabemos cómo se van a dar los aportes del sector privado ni qué pasa con las universidades privadas con ánimo de lucro cuando no hay ninguna institución de este tipo en los rankings mundiales de calidad”.
Según el Viceministro, “los tres niveles que plantea el Rector están vistos desde una sola arista. Los aportes de la Nación nunca son suficientes para financiar a la educación superior y esta reforma viene acompañada del proyecto de las regalías que ya cursa en el Congreso. De ser aprobado, el 10% iría para la investigación e innovación y tendría un impacto enorme en los próximos tres años, porque serán 2,5 billones de pesos”.
“Nuestra preocupación es la formación de los ciudadanos y del recurso humano que necesita el país. Debemos tener las cuentas claras sobre lo que se invierte en formación, extensión e investigación. El gobierno está planteando un incremento importante gradual, que es negociable. Infortunadamente, la propuesta de aumento del 1% para el primer año, del 2% para el segundo y del 3% desde el tercer año hasta el 2019 no se comenzó a aplicar este año como se había establecido”, dijo Botero.
Y agregó que “en Colombia la participación del sector productivo en la educación superior ha sido en proyectos de investigación, con la propuesta se busca una claridad jurídica, que haya una alianza y el sector privado haga una inversión directa en una institución pública para que se beneficien los dos”.
En cuanto a las universidades con ánimo de lucro, Botero expresó: “No esperamos que haya investigación, tampoco es la solución para la cobertura ni la calidad, pero sí es una parte de la resolución del problema, están enfocadas a la formación, muchas a nivel técnico y tecnológico. Un país necesita universidades que formen conocimiento, pero también necesita técnicos y tecnólogos”.
Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN de Colombia y miembro del Comité Asesor de la Rectoría para analizar la propuesta, señaló: “El primer artículo de la propuesta dejó una parte importante de la Constitución Nacional y es la educación como derecho y el acceso a la ciencia. Hay una concepción de la educación superior como un bien normal y se espera un comportamiento de oferta demanda, pero eso no funciona así. Si se quiere tener universidades de punta a nivel internacional y proyectar al país, se deben tener más recursos para instalar aulas con tecnología y desarrollar procesos de investigación. Realmente nos estamos preocupando más por el costo–beneficio que por la calidad a ofrecer”.
El artículo 1 del proyecto de reforma dice: “La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. Por esa razón la preocupación del Rector Wasserman es que esta función sea delegada.
“La misma Constitución establece que, siendo un servicio público, puede ser prestado por públicos y privados, ese modelo donde los monopolios del Estado se quiebran y aparece una competencia de empresas privadas con un marco regulatorio es positivo, y así se ha demostrado en múltiples sectores”, respondió Botero.
“La parte de innovación para la prosperidad, en el componente de sostenibilidad competitiva, en donde están las grandes locomotoras, solo hay el 3% para este fin, el resto va para el desarrollo. El problema es que están en el lugar equivocado porque el sistema de ciencia, tecnología y apoyo a la educación lo pusieron en las entidades tecnológicas y las entidades de investigación deberían ser las que lideren este proceso”, señaló Bula.
Wasserman puntualizó que “la investigación es una condición para la Universidad, entonces con un sistema plano vamos a formar profesionales y ofrecer doctorados que no tengan como trasfondo una actividad investigativa, además nos preocupa el tema de la autonomía universitaria”.
A este cuestionamiento, Botero respondió: “Estamos diferenciando las universidades, cada vez las instituciones técnicas y tecnológicas buscan la forma de ofrecer programas profesionales, y si cumplen con los requisitos, que lo hagan. El único cambio es en el tema de autonomía y es que para el caso de las universidades públicas tienen una dependencia presupuestal y buscamos que tanto públicas y privadas tengan el mismo nivel de autonomía”.
Referencia Original: Unimedios
| [+/-] | Sobre la reforma a la Ley 30 de Educación Superior - Congreso Visible |
Considero que el tipo de universidad que necesita el país, es una universidad que garantice el derecho a la Educación Superior para los colombianos y colombianas, con autonomía universitaria, con participación democrática de los universitarios en la definición de las políticas institucionales, la financiación estatal de las universidades estatales u oficiales, las condiciones necesarias que demanda una Educación Superior de alta calidad.
En el ámbito nacional, el bloque de constitucionalidad legitima y delimita el contenido de la educación y proclama su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público con una función social.
La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó la semana pasada a los rectores de las universidades públicas y privadas, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.
La propuesta del gobierno a la ley 30 contiene varios vacíos o falencias:
1. La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales, la historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aun en mercados más regulados como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementa la inequidad social.
2. Los tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.
3. La propuesta del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenido en la propuesta gubernamental, de ser aprobados, agravarían la situación actual de la Universidad, con la apertura absoluta al mercado de la Universidad Pública.
4. La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.
5. Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.
6. Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público.
7. Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. En materia financiera no constituye la respuesta necesaria para superar el actual déficit en las universidades estatales u oficiales, está por debajo de lo plasmado en el proyecto de ley 238 Senado y 277 Cámara de 2010, y es inferior a las necesidades presentes y futuras de las universidades estatales en materia de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad.
9. No atiende los elementos académicos, de investigación y del acervo científico y cultural acumulado por la comunidad académica universal y local, más si se tiene en cuenta que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, modifica y lesiona la asignación presupuestal a las universidades estatales. La reforma avanza a la privatización total de la investigación de la universidad pública.
10. No desarrolla pero si limita el Sistema Universitario Estatal SUE.
11. Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país.
12. Conduce a una involución en la reglamentación de la Educación Superior como Derecho.
Manifiesto mi disposición para participar, de manera efectiva, en el debate nacional sobre la ley que debe regular la Educación Superior en Colombia y si es del caso impulsar un referendo sobre ella, pues lo que está en juego es el tipo de Universidad que necesita el país para las presentes y las futuras generaciones de colombianos.
Camilo Romero- Senador
Referencia Original: Congreso Visible
En el ámbito nacional, el bloque de constitucionalidad legitima y delimita el contenido de la educación y proclama su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público con una función social.
La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó la semana pasada a los rectores de las universidades públicas y privadas, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.
La propuesta del gobierno a la ley 30 contiene varios vacíos o falencias:
1. La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales, la historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aun en mercados más regulados como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementa la inequidad social.
2. Los tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.
3. La propuesta del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenido en la propuesta gubernamental, de ser aprobados, agravarían la situación actual de la Universidad, con la apertura absoluta al mercado de la Universidad Pública.
4. La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.
5. Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.
6. Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público.
7. Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. En materia financiera no constituye la respuesta necesaria para superar el actual déficit en las universidades estatales u oficiales, está por debajo de lo plasmado en el proyecto de ley 238 Senado y 277 Cámara de 2010, y es inferior a las necesidades presentes y futuras de las universidades estatales en materia de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad.
9. No atiende los elementos académicos, de investigación y del acervo científico y cultural acumulado por la comunidad académica universal y local, más si se tiene en cuenta que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, modifica y lesiona la asignación presupuestal a las universidades estatales. La reforma avanza a la privatización total de la investigación de la universidad pública.
10. No desarrolla pero si limita el Sistema Universitario Estatal SUE.
11. Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país.
12. Conduce a una involución en la reglamentación de la Educación Superior como Derecho.
Manifiesto mi disposición para participar, de manera efectiva, en el debate nacional sobre la ley que debe regular la Educación Superior en Colombia y si es del caso impulsar un referendo sobre ella, pues lo que está en juego es el tipo de Universidad que necesita el país para las presentes y las futuras generaciones de colombianos.
Camilo Romero- Senador
Referencia Original: Congreso Visible
| [+/-] | Universidades sin recursos suficientes en reforma a la Ley 30 - Universia |
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, considera que la reforma a la Ley 30 presentada por el Gobierno nacional no resuelve los problemas de la educación superior.
La propuesta gubernamental no responde a los cálculos financieros que las universidades públicas han realizado ante sus problemas presupuestales y, al contrario, la reforma legislativa sometería a las instituciones de educación superior (IES) a tareas y requisitos adicionales. En este contexto, las universidades estudian una contrapropuesta estructural que contemple, entre otros aspectos, el crecimiento de los cupos de las últimas décadas, la necesidad de construir infraestructura para brindar una oferta de calidad, la renovación tecnológica y el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la planta profesoral.
En suma, se busca plantear un modelo de sostenibilidad a largo plazo con altos niveles de calidad que permita mantener la competitividad de las universidades públicas tanto en el ámbito nacional como internacional.
Confusiones frente a la propuesta
La reforma presentada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 10 de marzo generó diversas reacciones e inquietudes, varias de ellas fundamentadas en desinformaciones frente al documento presentado por el gobierno. El rector de la UN señala que la mayoría de las confusiones se han generado en el tema financiero, en el que, además de la propuesta de aumentar la base presupuestal de las IES públicas, el Gobierno ha planteado otras dos estrategias.
La primera es aumentar los aportes de la empresa privada a la universidad pública. Esto significa, por un lado, ampliar los proyectos de investigación y desarrollo social en el sector universitario y la empresa privada. Sin embargo, el rector Wasserman afirma que esta oferta no es novedosa. “Es un hecho reconocido que desde hace mucho tiempo existen alianzas entre universidades públicas con empresas para resolver problemas específicos a través de la investigación”.
Además, señala el Rector de la UN, estas alianzas no le generan recursos adicionales a la universidad para su funcionamiento y deben ser vistas como un aporte de la universidad al desarrollo del país y a las empresas, y no como una fuente significativa de generación de recursos. Por otro lado, dice el Rector, la medida implica suponer que existen empresas interesadas en financiar la actividad de formación de los estudiantes universitarios, frente a lo cual señala: “No conozco ejemplos de empresas que patrocinen pupitres, aulas o que paguen el salario a los profesores”.
En la segunda estrategia, el gobierno buscará que se creen universidades privadas con ánimo de lucro, que hasta ahora, oficialmente, no han existido. El modelo se fundamenta en el ejemplo de Brasil, que bajo este esquema aumentó la cobertura durante el gobierno de Lula da Silva de 1.800.000 a 6.000.000 de estudiantes. Ante esta propuesta, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia hace énfasis en que este logro brasileño fue posible porque al mismo tiempo que se impulsaron las universidades con ánimo de lucro se reforzó la universidad pública.
Y a ello agrega: “La universidad privada con ánimo de lucro, por definición, no es una buena universidad. Ninguna de ellas está ubicada en los principales puestos de los rankings universitarios internacionales”.
Los cuatro objetivos de la reforma
La reforma planteada por el gobierno nacional tiene cuatro grandes objetivos: promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, disminuir la deserción y mejorar las condiciones de permanencia en el sistema, adecuar la oferta de programas académicos con las necesidades productivas y sociales de las regiones y fundamentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia. Antes de presentar el articulado final ante el Congreso Nacional, las anteriores propuestas serán discutidas por IES públicas y privadas con la participación del sector productivo e integrantes de organizaciones sociales.
Referencia Original: Universia
La propuesta gubernamental no responde a los cálculos financieros que las universidades públicas han realizado ante sus problemas presupuestales y, al contrario, la reforma legislativa sometería a las instituciones de educación superior (IES) a tareas y requisitos adicionales. En este contexto, las universidades estudian una contrapropuesta estructural que contemple, entre otros aspectos, el crecimiento de los cupos de las últimas décadas, la necesidad de construir infraestructura para brindar una oferta de calidad, la renovación tecnológica y el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la planta profesoral.
En suma, se busca plantear un modelo de sostenibilidad a largo plazo con altos niveles de calidad que permita mantener la competitividad de las universidades públicas tanto en el ámbito nacional como internacional.
Confusiones frente a la propuesta
La reforma presentada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 10 de marzo generó diversas reacciones e inquietudes, varias de ellas fundamentadas en desinformaciones frente al documento presentado por el gobierno. El rector de la UN señala que la mayoría de las confusiones se han generado en el tema financiero, en el que, además de la propuesta de aumentar la base presupuestal de las IES públicas, el Gobierno ha planteado otras dos estrategias.
La primera es aumentar los aportes de la empresa privada a la universidad pública. Esto significa, por un lado, ampliar los proyectos de investigación y desarrollo social en el sector universitario y la empresa privada. Sin embargo, el rector Wasserman afirma que esta oferta no es novedosa. “Es un hecho reconocido que desde hace mucho tiempo existen alianzas entre universidades públicas con empresas para resolver problemas específicos a través de la investigación”.
Además, señala el Rector de la UN, estas alianzas no le generan recursos adicionales a la universidad para su funcionamiento y deben ser vistas como un aporte de la universidad al desarrollo del país y a las empresas, y no como una fuente significativa de generación de recursos. Por otro lado, dice el Rector, la medida implica suponer que existen empresas interesadas en financiar la actividad de formación de los estudiantes universitarios, frente a lo cual señala: “No conozco ejemplos de empresas que patrocinen pupitres, aulas o que paguen el salario a los profesores”.
En la segunda estrategia, el gobierno buscará que se creen universidades privadas con ánimo de lucro, que hasta ahora, oficialmente, no han existido. El modelo se fundamenta en el ejemplo de Brasil, que bajo este esquema aumentó la cobertura durante el gobierno de Lula da Silva de 1.800.000 a 6.000.000 de estudiantes. Ante esta propuesta, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia hace énfasis en que este logro brasileño fue posible porque al mismo tiempo que se impulsaron las universidades con ánimo de lucro se reforzó la universidad pública.
Y a ello agrega: “La universidad privada con ánimo de lucro, por definición, no es una buena universidad. Ninguna de ellas está ubicada en los principales puestos de los rankings universitarios internacionales”.
Los cuatro objetivos de la reforma
La reforma planteada por el gobierno nacional tiene cuatro grandes objetivos: promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, disminuir la deserción y mejorar las condiciones de permanencia en el sistema, adecuar la oferta de programas académicos con las necesidades productivas y sociales de las regiones y fundamentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia. Antes de presentar el articulado final ante el Congreso Nacional, las anteriores propuestas serán discutidas por IES públicas y privadas con la participación del sector productivo e integrantes de organizaciones sociales.
Referencia Original: Universia
| [+/-] | Informe Consejo Académico 18 de Marzo de 2011 - Representación Estudiantil UN |
En la sesión del 18 de marzo de 2011 se tratarón temas como el nuevo informe de la vicerrectoría académica sobre la planta docente 2010 de la Universidad Nacional de Colombia, que se titula Arañas y Telarañas. También como va el proceso de grados que desde este semestre es manejado por la Secretaría General de la Universidad, la presentación de la escuela de estudios de género y finalmente, la modificación y apertura de 3 programas de maestría. Se modificaron los pensum de la maestría en historia y teoría del arte, ordenamiento urbano de la facultad de artes Bogotá y se creó la maestría en fisioterapia y deporte de la facultad de medicina. Valga anotar que para la creación de programas de posgrado la representación estudiantil tanto de pregrado y de posgrado se ha opuesto hasta que no se amplié la planta profesoral de la Universidad Nacional de Colombia.
El punto más importante de la agenda fue el desarrollo de los asuntos del rector, teniendo en cuenta la actual coyuntura estos giraron frente a la posición que tiene el Rector de la reforma presentada por el gobierno nacional a la Ley de Educación Superior (ley 30 de 1992) a continuación presentamos algunos de los puntos más relevantes que toco Wasserman.
Para él, lo presentado por el gobierno nacional no es una reforma a la ley 30 sino una nueva ley de educación superior ya que cambia artículos sustanciales de la norma actual. A Wasserman le preocupa la pérdida de autonomía, este es para el un tema central de las universidades públicas y privadas, es por esto que considera que se debe crear un comité que analice el impacto de la reforma en la autonomía de las universidades, desde una perspectiva técnica y académica. Ya que le parece peligroso entrar en el terreno de la especulación.
Para Wasserman uno de los pilares del proyecto que no ha sido tratado por la prensa es que se cambia de tipología, se deja de hablar de universidad para usar sencillamente el concepto de Educación Superior, en este sentido le preocupa la calidad de la educación, ya que no se piensa ofrecer educación integral y que comprenda todas las áreas del conocimiento, las humanidades, la cultura, el arte, la ciencia. Cualquier institución puede ofrecer un doctorado y esto le preocupa en términos de calidad. Para el trae implicaciones serias en la autonomía ya que la constitución deposita en las Universidades esta figura y no en cualquier institución que se cree.
La ley no deroga el decreto 1210 en el que se le reconoce a la UN el régimen propio, le preocupaba que sacaran a la universidad nacional de la composición del CESU pero no fue así, el cambio más sustancial es que incluyen a la UNAD en la composición del mismo. El carácter disciplinario y la vigilancia, inspección. Genera problemas de autonomía ya que las universidades deben contar con un régimen distinto al de otras instituciones.
Con respecto a la composición del CSU, si bien se diferencian las universidades nacionales y territoriales los rectores especialmente los de las universidades nacionales más pequeñas (Magdalena, Córdoba, etc) esta preocupados por la inclusión de los alcaldes y gobernadores en el CSU. Incluye en los CSU a un representante de la sociedad civil, nos imaginamos elegido por el gobierno nacional. El documento finalmente interfiere en la autonomía universitaria porque interfiere en los estatutos de personal docente y administrativo, en los concursos entre otros.
El tema más importante es el financiero, este aprieta los bolsillos de las universidades a pesar de que vienen reclamándose hace años mejoras en la financiación, si bien en el ministerio entienden el problema no lo solucionan.
1. Financiamiento de la ed. Pública y los recursos “adicionales”: Este es el punto peor presentado ante los medios de comunicación es por esto que debe aclarársele a los mismos que esto se viene presentando desde hace muchos años, la empresa privada ha financiado proyectos de investigación a través de convenios con la institución, pero la propuesta lo presenta como si esto fuera a solucionar los problemas financieros de las U. NINGUNA EMPRESA NOS VA A PAGAR EL BANDA ANCHA, LOS PROFESORES O LOS LABORATORIOS. Se pierde además la autonomía para la investigación.
2. Creación de universidades con ánimo de lucro, creación de una nueva especie, modelo brasilero. Lo que realmente se pretende (según palabras de la ministra) es buscar que los fondos de pensiones hagan inversiones a largo plazo en la “educación” para buscar rendimiento financiero de este capital. Este modelo copiado del brasilero ha demostrado que son universidades mediocres, escuelas técnicas y profesionales sin ningún nivel educativo. Las universidades de mejor calidad en Brasil son las públicas no las de el gran capital privado, pero este modelo que se pretende implementar en Colombia fortalece el capital privado y desestimula a las universidades públicas.
3. La Universidades privadas “sin ánimo” de lucro están preocupadas, en este momento son las universidades privadas en las que se forma la clase media-baja son las que prenden las alarmas. Los jóvenes que no pueden acceder a las U. públicas ya que estas tienen una capacidad limitada son quienes se van a ver engañados con educación de poca calidad pero pagas.
4. Artículos que hablan sobre financiación: Quedó casi idéntico a como estaba la propuesta del gobierno anterior, no cambia en mucho.
5. Engaño de ampliación de la base con respecto a la ampliación de cobertura con lo que se aprobó en el 2009- se amplio cobertura pero se perdió el percapita que se recibe por estudiante porque el gobierno no tienen en cuenta que por semestre aumenta el número de estudiantes ya que estos permanecen minimo 4 años en la universidad y sólo aumento por los primero que ingresaron y no po los que ingresan año tras año. Ejemplo: se amplían 1000 cupos, pero en 4 años tenemos el mismo presupuesto para 4000 estudiantes más. Las cuentas no cuadran, no hay una verdadera posibilidad de crecimiento.
RECOMENDACIONES: Es muy bueno que el proyecto saliera, pero no se ha generado una discusión en profundidad del tema y esta mala propuesta nos obliga a hacerla. Cree que se debe construir una propuesta desde la universidad, un modelo que financié realmente a la educación superior mediante un modelo económico sustentable, sin engañar al gobierno, que cubra equitativamente el aumento de cobertura. Ese es el objetivo central que debemos ponerno. No es, ni ha sido fácil y nos pone en una situación en la cual hay una mayoría absoluta.
Wasserman asegura que no podemos críticar todos los puntos, los rectores decidieron que se van a concentrar en FINANCIAMIENTO, AUTONOMÍA Y EL IMPACTO DE LA LEY EN LA EQUIDAD SOCIAL Y LA INCLUSIÓN. Con la propuesta de creación de una Ley estatutaria de autonomía universitaria.
Asegura que se van a crear comisiones por sedes para estudiar el documento que tenga muchas aristas.
La representación estudiantil hizo el llamado a la movilización, el lobby y la construcción del documento que incluya los puntos de vista de la comunidad universitaria. A cerrar las filas de la administración, los profesores y los estudiantes en contra de la reforma a la ley 30, propuso adicionalmente un encuentro entre Representantes estudiantiles ante el CSU y Académico con los rectores de las Universidades para discutir la reforma.
Adicionalmente si bien no se comprometió a asistir a una asamblea de estudiantes en Bogotá por los múltiples incidentes que han acontecido en el campus con su presencia, si aseguró que se reuniría con el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles en Manizales para discutir su punto de vista con nosotros, a nosotros nos parecería de vital importancia que este encuentro se diera teniendo en cuenta que el análisis que hace Wasserman de la reforma es bastante interesante, completo y no podemos resumirlo en este informe. Adicionalmente buscamos que este nos ayude con un encuentro de representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas para poder discutir la reforma y tomar acciones conjuntas por la defensa de la educación superior.
Por esto le pedimos a los compañeros del CSU proponer en esta semana la agenda para poder incluir en la escuela de formación en horas de la tarde a Wasserman, nosotros nos encargariamos de invitar al profesor Múnera para que tengamos dos puntos de vista que pueden ser diferentes pero que podrían complementar y nutrir la discusión. Eso si necesitamos fechas lo más rápido posible para que no nos pase lo de siempre y es que estamos invitandolo con una semana de anticipación.
Suang Moreno - Representante Académico Posgrado
Santiago Preciado - Representante Académico Pregrado
El punto más importante de la agenda fue el desarrollo de los asuntos del rector, teniendo en cuenta la actual coyuntura estos giraron frente a la posición que tiene el Rector de la reforma presentada por el gobierno nacional a la Ley de Educación Superior (ley 30 de 1992) a continuación presentamos algunos de los puntos más relevantes que toco Wasserman.
Para él, lo presentado por el gobierno nacional no es una reforma a la ley 30 sino una nueva ley de educación superior ya que cambia artículos sustanciales de la norma actual. A Wasserman le preocupa la pérdida de autonomía, este es para el un tema central de las universidades públicas y privadas, es por esto que considera que se debe crear un comité que analice el impacto de la reforma en la autonomía de las universidades, desde una perspectiva técnica y académica. Ya que le parece peligroso entrar en el terreno de la especulación.
Para Wasserman uno de los pilares del proyecto que no ha sido tratado por la prensa es que se cambia de tipología, se deja de hablar de universidad para usar sencillamente el concepto de Educación Superior, en este sentido le preocupa la calidad de la educación, ya que no se piensa ofrecer educación integral y que comprenda todas las áreas del conocimiento, las humanidades, la cultura, el arte, la ciencia. Cualquier institución puede ofrecer un doctorado y esto le preocupa en términos de calidad. Para el trae implicaciones serias en la autonomía ya que la constitución deposita en las Universidades esta figura y no en cualquier institución que se cree.
La ley no deroga el decreto 1210 en el que se le reconoce a la UN el régimen propio, le preocupaba que sacaran a la universidad nacional de la composición del CESU pero no fue así, el cambio más sustancial es que incluyen a la UNAD en la composición del mismo. El carácter disciplinario y la vigilancia, inspección. Genera problemas de autonomía ya que las universidades deben contar con un régimen distinto al de otras instituciones.
Con respecto a la composición del CSU, si bien se diferencian las universidades nacionales y territoriales los rectores especialmente los de las universidades nacionales más pequeñas (Magdalena, Córdoba, etc) esta preocupados por la inclusión de los alcaldes y gobernadores en el CSU. Incluye en los CSU a un representante de la sociedad civil, nos imaginamos elegido por el gobierno nacional. El documento finalmente interfiere en la autonomía universitaria porque interfiere en los estatutos de personal docente y administrativo, en los concursos entre otros.
El tema más importante es el financiero, este aprieta los bolsillos de las universidades a pesar de que vienen reclamándose hace años mejoras en la financiación, si bien en el ministerio entienden el problema no lo solucionan.
1. Financiamiento de la ed. Pública y los recursos “adicionales”: Este es el punto peor presentado ante los medios de comunicación es por esto que debe aclarársele a los mismos que esto se viene presentando desde hace muchos años, la empresa privada ha financiado proyectos de investigación a través de convenios con la institución, pero la propuesta lo presenta como si esto fuera a solucionar los problemas financieros de las U. NINGUNA EMPRESA NOS VA A PAGAR EL BANDA ANCHA, LOS PROFESORES O LOS LABORATORIOS. Se pierde además la autonomía para la investigación.
2. Creación de universidades con ánimo de lucro, creación de una nueva especie, modelo brasilero. Lo que realmente se pretende (según palabras de la ministra) es buscar que los fondos de pensiones hagan inversiones a largo plazo en la “educación” para buscar rendimiento financiero de este capital. Este modelo copiado del brasilero ha demostrado que son universidades mediocres, escuelas técnicas y profesionales sin ningún nivel educativo. Las universidades de mejor calidad en Brasil son las públicas no las de el gran capital privado, pero este modelo que se pretende implementar en Colombia fortalece el capital privado y desestimula a las universidades públicas.
3. La Universidades privadas “sin ánimo” de lucro están preocupadas, en este momento son las universidades privadas en las que se forma la clase media-baja son las que prenden las alarmas. Los jóvenes que no pueden acceder a las U. públicas ya que estas tienen una capacidad limitada son quienes se van a ver engañados con educación de poca calidad pero pagas.
4. Artículos que hablan sobre financiación: Quedó casi idéntico a como estaba la propuesta del gobierno anterior, no cambia en mucho.
5. Engaño de ampliación de la base con respecto a la ampliación de cobertura con lo que se aprobó en el 2009- se amplio cobertura pero se perdió el percapita que se recibe por estudiante porque el gobierno no tienen en cuenta que por semestre aumenta el número de estudiantes ya que estos permanecen minimo 4 años en la universidad y sólo aumento por los primero que ingresaron y no po los que ingresan año tras año. Ejemplo: se amplían 1000 cupos, pero en 4 años tenemos el mismo presupuesto para 4000 estudiantes más. Las cuentas no cuadran, no hay una verdadera posibilidad de crecimiento.
RECOMENDACIONES: Es muy bueno que el proyecto saliera, pero no se ha generado una discusión en profundidad del tema y esta mala propuesta nos obliga a hacerla. Cree que se debe construir una propuesta desde la universidad, un modelo que financié realmente a la educación superior mediante un modelo económico sustentable, sin engañar al gobierno, que cubra equitativamente el aumento de cobertura. Ese es el objetivo central que debemos ponerno. No es, ni ha sido fácil y nos pone en una situación en la cual hay una mayoría absoluta.
Wasserman asegura que no podemos críticar todos los puntos, los rectores decidieron que se van a concentrar en FINANCIAMIENTO, AUTONOMÍA Y EL IMPACTO DE LA LEY EN LA EQUIDAD SOCIAL Y LA INCLUSIÓN. Con la propuesta de creación de una Ley estatutaria de autonomía universitaria.
Asegura que se van a crear comisiones por sedes para estudiar el documento que tenga muchas aristas.
La representación estudiantil hizo el llamado a la movilización, el lobby y la construcción del documento que incluya los puntos de vista de la comunidad universitaria. A cerrar las filas de la administración, los profesores y los estudiantes en contra de la reforma a la ley 30, propuso adicionalmente un encuentro entre Representantes estudiantiles ante el CSU y Académico con los rectores de las Universidades para discutir la reforma.
Adicionalmente si bien no se comprometió a asistir a una asamblea de estudiantes en Bogotá por los múltiples incidentes que han acontecido en el campus con su presencia, si aseguró que se reuniría con el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles en Manizales para discutir su punto de vista con nosotros, a nosotros nos parecería de vital importancia que este encuentro se diera teniendo en cuenta que el análisis que hace Wasserman de la reforma es bastante interesante, completo y no podemos resumirlo en este informe. Adicionalmente buscamos que este nos ayude con un encuentro de representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas para poder discutir la reforma y tomar acciones conjuntas por la defensa de la educación superior.
Por esto le pedimos a los compañeros del CSU proponer en esta semana la agenda para poder incluir en la escuela de formación en horas de la tarde a Wasserman, nosotros nos encargariamos de invitar al profesor Múnera para que tengamos dos puntos de vista que pueden ser diferentes pero que podrían complementar y nutrir la discusión. Eso si necesitamos fechas lo más rápido posible para que no nos pase lo de siempre y es que estamos invitandolo con una semana de anticipación.
Suang Moreno - Representante Académico Posgrado
Santiago Preciado - Representante Académico Pregrado
| [+/-] | Consideraciones preliminares del Consejo Académico frente a la Reforma - Udea |
El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, reunido de manera ordinaria el día 17 de marzo de 2011, analizó la propuesta de reforma a la educación superior, presentada la semana pasada por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. Con el propósito de generar un análisis abierto y concurrente, la Corporación expone algunas consideraciones preliminares, sobre todo en relación con lo que atañe a la educación superior pública.
1. La educación constituye un derecho fundamental reconocido, no sólo en nuestra Constitución Política, sino en múltiples tratados internacionales que ha ratificado Colombia en materia de Derechos Humanos; además, la educación permite potenciar otros derechos y otros valores, como los de dignidad humana y autonomía, y representa un factor indiscutible de igualdad social.
Precisamente el Consejo Académico llama la atención sobre un primer aspecto. La propuesta de reforma presentada por el Gobierno Nacional reglamenta la educación superior en general, y la concibe como un servicio, y no como un derecho fundamental. Esta idea puede ser coherente si se considera que la prestación óptima del servicio garantiza el Derecho. Sin embargo, esta simple operación lógica no incluye los previos indispensables para la garantía de un derecho, como el de la educación. Esos previos condicionales a la optimización, y que deben ser definidos y explicitados por la ley, son la igualdad, la equidad, la dignidad, y los contextos específicos de una realidad heterogénea como la actual. Por eso, esta aparente inofensiva concepción debe ser analizada en relación con las consecuencias, no sólo para la educación superior en general, sino, fundamentalmente, para la educación superior de carácter público.
Puesto que una ley no constituye una declaración inocua, sino que genera consecuencias prácticas, es necesario advertir que, al definir la educación en general como servicio público cultural, se desconoce o se soslaya el carácter de derecho fundamental de la educación, porque esta impronta no se está expresando en términos taxativos. Esta forma de traslapar indica una intención de ejecutar la reforma a la educación superior con el mismo modelo jurídico de la prestación de los servicios públicos, que, en la práctica, termina funcionando de una manera tal que los particulares concurren al mercado en igualdad de condiciones con el Estado para la prestación de los servicios porque, consecuente con ese modelo, el desarrollo legislativo se circunscribe a la definición de pautas y de parámetros para la prestación de un servicio, en el marco del modelo de liberalización y de competencia. De tal manera que lo que puede ser beneficioso para la educación con ánimo de lucro, no lo es necesariamente para la educación estatal.
Dicho modelo es completamente distinto de aquel que surge de la concepción constitucionalizada, según la cual la educación superior debe corresponder a la formulación de una política pública que busque la realización de un derecho fundamental que se encuentra directamente relacionado con las necesidades de progreso y de desarrollo, en un país en el que existen serios problemas estructurales de inequidad y falta de oportunidades.
2. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución tiene como objetivo establecer un derrotero que guíe las relaciones entre el Estado y las instituciones universitarias. Este marco busca un equilibrio entre la libertad que se requiere para la creación del saber y el ejercicio crítico, propositivo y dignificante del ser humano. Si bien el Gobierno Nacional debe ejercer una función de inspección, vigilancia y control sobre la educación superior, aumentar las facultades y competencias del Ministerio de Educación Nacional y de organismos conformados mayoritariamente por representantes del gobierno nacional, deprime la capacidad autónoma de decisión de las universidades públicas.
3. Otro asunto que debe ser examinado con mucha prudencia tiene que ver con la entrega de recursos a las universidades con la previa suscripción de convenios de desempeño o mediante convocatorias. Si bien es cierto que el país puede y debe realizar un ejercicio de planeación, ello no debe implicar que se pierda la confianza que constitucionalmente la sociedad reconoce a las universidades para que éstas puedan definir y establecer con total serenidad y responsabilidad sus propias prioridades.
El Sistema Universitario Estatal ha acusado que el principal problema que enfrenta la educación superior pública es su progresivo desfinanciamiento. Tal situación se puede explicar por la mayor asignación de responsabilidades, funciones y gravámenes a lo largo de los últimos veinte años, sin que los recursos económicos que se entregan por parte del Estado tengan un crecimiento significativo en términos reales. El país enfrenta un déficit muy serio de oferta de cupos para educación superior, pero las universidades públicas existentes no han sido objeto de un plan de crecimiento en infraestructura (sólo en cobertura) que permita incrementar racionalmente la demanda y ajustarla a las necesidades de la oferta, con las correspondientes contrapartidas de infraestructura, de recurso humano de profesores y de empleados y, desde luego, de presupuesto general.
Al comparar universidades, como la Nacional de Colombia, la del Valle, la de Antioquia, la del Atlántico, con otras como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Buenos Aires, por citar tres casos emblemáticos, resulta evidente que las nuestras deberían tener, por lo menos, una capacidad de oferta de cupos tres veces mayor a la actual, como respuesta razonable al crecimiento de la población colombiana durante las últimas dos décadas y, por supuesto, a la financiación adecuada.
4. Reconocemos los múltiples frentes que debe atender hoy el Estado colombiano y su gobierno, y la limitación de recursos financieros para hacerlo, pero la respuesta automática no debe ser cambiar un esquema de subsidios a la oferta, por un subsidio a la demanda, esperando que sea el mercado el motor principal del aumento de cobertura. Un sistema de becas-créditos es benéfico y loable, siempre y cuando no reemplace la obligación estatal de garantizar la progresividad en el acceso a las personas con menores recursos, y que, además, se enfrentan a un entorno de informalidad laboral y de falta de oportunidades.
5. Finalmente, el Consejo Académico saluda que se abra la discusión sobre el futuro de la educación superior en general, y de la pública en especial, la cual será, de ahora en adelante, la prioridad en la agenda de temas que ya se había planteado la Corporación. Invita a toda la comunidad a que participe y se pronuncie sosegadamente, como lo hacemos los universitarios, con argumentos e ideas, para legar, al país, una reforma que sea el acumulado de deliberaciones y de análisis sobre un documento tan abierto como el que presenta el Gobierno Nacional, que debe cerrarse en un articulado, que mantenga viva en la letra jurídica la idea fundamental de la educación superior pública como un Derecho que el Estado está obligado a garantizar en óptimas condiciones, como uno de los caminos para evitar la desigualdad social.
Medellín, 19 de Marzo de 2011
Referencia Original: Universidad de Antioquia - Consejo Académico
1. La educación constituye un derecho fundamental reconocido, no sólo en nuestra Constitución Política, sino en múltiples tratados internacionales que ha ratificado Colombia en materia de Derechos Humanos; además, la educación permite potenciar otros derechos y otros valores, como los de dignidad humana y autonomía, y representa un factor indiscutible de igualdad social.
Precisamente el Consejo Académico llama la atención sobre un primer aspecto. La propuesta de reforma presentada por el Gobierno Nacional reglamenta la educación superior en general, y la concibe como un servicio, y no como un derecho fundamental. Esta idea puede ser coherente si se considera que la prestación óptima del servicio garantiza el Derecho. Sin embargo, esta simple operación lógica no incluye los previos indispensables para la garantía de un derecho, como el de la educación. Esos previos condicionales a la optimización, y que deben ser definidos y explicitados por la ley, son la igualdad, la equidad, la dignidad, y los contextos específicos de una realidad heterogénea como la actual. Por eso, esta aparente inofensiva concepción debe ser analizada en relación con las consecuencias, no sólo para la educación superior en general, sino, fundamentalmente, para la educación superior de carácter público.
Puesto que una ley no constituye una declaración inocua, sino que genera consecuencias prácticas, es necesario advertir que, al definir la educación en general como servicio público cultural, se desconoce o se soslaya el carácter de derecho fundamental de la educación, porque esta impronta no se está expresando en términos taxativos. Esta forma de traslapar indica una intención de ejecutar la reforma a la educación superior con el mismo modelo jurídico de la prestación de los servicios públicos, que, en la práctica, termina funcionando de una manera tal que los particulares concurren al mercado en igualdad de condiciones con el Estado para la prestación de los servicios porque, consecuente con ese modelo, el desarrollo legislativo se circunscribe a la definición de pautas y de parámetros para la prestación de un servicio, en el marco del modelo de liberalización y de competencia. De tal manera que lo que puede ser beneficioso para la educación con ánimo de lucro, no lo es necesariamente para la educación estatal.
Dicho modelo es completamente distinto de aquel que surge de la concepción constitucionalizada, según la cual la educación superior debe corresponder a la formulación de una política pública que busque la realización de un derecho fundamental que se encuentra directamente relacionado con las necesidades de progreso y de desarrollo, en un país en el que existen serios problemas estructurales de inequidad y falta de oportunidades.
2. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución tiene como objetivo establecer un derrotero que guíe las relaciones entre el Estado y las instituciones universitarias. Este marco busca un equilibrio entre la libertad que se requiere para la creación del saber y el ejercicio crítico, propositivo y dignificante del ser humano. Si bien el Gobierno Nacional debe ejercer una función de inspección, vigilancia y control sobre la educación superior, aumentar las facultades y competencias del Ministerio de Educación Nacional y de organismos conformados mayoritariamente por representantes del gobierno nacional, deprime la capacidad autónoma de decisión de las universidades públicas.
3. Otro asunto que debe ser examinado con mucha prudencia tiene que ver con la entrega de recursos a las universidades con la previa suscripción de convenios de desempeño o mediante convocatorias. Si bien es cierto que el país puede y debe realizar un ejercicio de planeación, ello no debe implicar que se pierda la confianza que constitucionalmente la sociedad reconoce a las universidades para que éstas puedan definir y establecer con total serenidad y responsabilidad sus propias prioridades.
El Sistema Universitario Estatal ha acusado que el principal problema que enfrenta la educación superior pública es su progresivo desfinanciamiento. Tal situación se puede explicar por la mayor asignación de responsabilidades, funciones y gravámenes a lo largo de los últimos veinte años, sin que los recursos económicos que se entregan por parte del Estado tengan un crecimiento significativo en términos reales. El país enfrenta un déficit muy serio de oferta de cupos para educación superior, pero las universidades públicas existentes no han sido objeto de un plan de crecimiento en infraestructura (sólo en cobertura) que permita incrementar racionalmente la demanda y ajustarla a las necesidades de la oferta, con las correspondientes contrapartidas de infraestructura, de recurso humano de profesores y de empleados y, desde luego, de presupuesto general.
Al comparar universidades, como la Nacional de Colombia, la del Valle, la de Antioquia, la del Atlántico, con otras como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Buenos Aires, por citar tres casos emblemáticos, resulta evidente que las nuestras deberían tener, por lo menos, una capacidad de oferta de cupos tres veces mayor a la actual, como respuesta razonable al crecimiento de la población colombiana durante las últimas dos décadas y, por supuesto, a la financiación adecuada.
4. Reconocemos los múltiples frentes que debe atender hoy el Estado colombiano y su gobierno, y la limitación de recursos financieros para hacerlo, pero la respuesta automática no debe ser cambiar un esquema de subsidios a la oferta, por un subsidio a la demanda, esperando que sea el mercado el motor principal del aumento de cobertura. Un sistema de becas-créditos es benéfico y loable, siempre y cuando no reemplace la obligación estatal de garantizar la progresividad en el acceso a las personas con menores recursos, y que, además, se enfrentan a un entorno de informalidad laboral y de falta de oportunidades.
5. Finalmente, el Consejo Académico saluda que se abra la discusión sobre el futuro de la educación superior en general, y de la pública en especial, la cual será, de ahora en adelante, la prioridad en la agenda de temas que ya se había planteado la Corporación. Invita a toda la comunidad a que participe y se pronuncie sosegadamente, como lo hacemos los universitarios, con argumentos e ideas, para legar, al país, una reforma que sea el acumulado de deliberaciones y de análisis sobre un documento tan abierto como el que presenta el Gobierno Nacional, que debe cerrarse en un articulado, que mantenga viva en la letra jurídica la idea fundamental de la educación superior pública como un Derecho que el Estado está obligado a garantizar en óptimas condiciones, como uno de los caminos para evitar la desigualdad social.
Medellín, 19 de Marzo de 2011
Referencia Original: Universidad de Antioquia - Consejo Académico
| [+/-] | Editorial: Revolcón universitario - El Tiempo |
El borrador del Gobierno no resuelve las crecientes brechas de recursos que las IES públicas sufren.
Dos semanas llevan los distintos actores del sector de la educación superior discutiendo el borrador de un proyecto de reforma que impulsará el Gobierno. Rectores, profesores, estudiantes y expertos han sido convocados por el Ministerio de Educación para comentar los 164 artículos que sustituirán la Ley 30 de 1992.
Es innegable que el marco normativo de las universidades requiere cambios profundos. El sistema vigente está desbordado por el crecimiento del 50 por ciento del número de bachilleres en ocho años (el año pasado se graduaron 625.000 jóvenes).
Una buena cantidad engrosará las filas de los 3,3 millones de colombianos en edad de estudiar que no consiguieron cupo o que, finalmente, abandonaron sus carreras. De hecho, la cobertura en Colombia solo es del 37 por ciento, a pesar de haber crecido en años recientes, y la tasa de deserción llega a un preocupante 45 por ciento.
A los problemas de acceso y cobertura se suman otros retos de calidad. Solo el 13 por ciento de los programas de pregrado del país están acreditados y 21 de las 283 instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas gozan de acreditación institucional. No sorprende que ninguna universidad colombiana clasifique dentro de las 15 mejores de América Latina.
La reforma de Santos aborda con distinto grado de innovación los temas álgidos del sector: ampliación de los cupos, equidad en el acceso, financiación de las IES, mejoramiento de la calidad y rendición de cuentas. En unos artículos plantea correcciones de falencias de la legislación vigente y en otros introduce conceptos y estrategias que merecen la oportunidad de probarse. Por último, hay áreas donde el afán reformista se queda corto.
La intención del proyecto de ley de aumentar el porcentaje de bachilleres que sigan su formación es clara y con dientes. Una vía es la de la ampliación de la oferta mediante el ingreso de capital privado a las universidades y la creación de IES con ánimo de lucro. En este punto no hay que caer en el discurso miope de la "privatización" de la educación. Es muy cómodo para quienes gozan hoy de una silla universitaria pedirles a los que están fuera del sistema que esperen el mundo perfecto.
Sin duda, la entrada de nuevas instituciones influirá en la calidad y forzará a todas a mejorar sus programas. Sin embargo, la competencia abrirá el abanico de oportunidades y decantará la oferta. La clave radica en la vigilancia y la regulación que ejerzan las autoridades educativas.
El articulado contempla, asimismo, la introducción de nuevos esquemas de becas y de créditos condonables de acuerdo con el salario de los futuros egresados. Estos son programas cuya implementación vale la pena intentar y que abren cupos a los que hoy no pueden pagar sus estudios.
La reforma pretende acertadamente incluir mecanismos de buen gobierno en las universidades. Que respondan por sus presupuestos y decisiones y estén sujetas a inspección estatal. Los rectores han criticado estas medidas, ya que, en su opinión, violan la autonomía universitaria. Pero más transparencia y rendición de cuentas no es sinónimo de intromisión. Así como tampoco lo es unir el desempeño exitoso con más recursos.
El borrador del Gobierno no resuelve las crecientes brechas de recursos que las IES públicas sufren y asigna a la inversión privada un papel exagerado en el cierre financiero de las universidades. Por más oferta flexible, mejoras en el acceso y cuentas claras, la responsabilidad de la educación superior seguirá sobre los hombros del Estado, especialmente con relación a los más pobres y las minorías.
Referencia Original: El Tiempo
Dos semanas llevan los distintos actores del sector de la educación superior discutiendo el borrador de un proyecto de reforma que impulsará el Gobierno. Rectores, profesores, estudiantes y expertos han sido convocados por el Ministerio de Educación para comentar los 164 artículos que sustituirán la Ley 30 de 1992.
Es innegable que el marco normativo de las universidades requiere cambios profundos. El sistema vigente está desbordado por el crecimiento del 50 por ciento del número de bachilleres en ocho años (el año pasado se graduaron 625.000 jóvenes).
Una buena cantidad engrosará las filas de los 3,3 millones de colombianos en edad de estudiar que no consiguieron cupo o que, finalmente, abandonaron sus carreras. De hecho, la cobertura en Colombia solo es del 37 por ciento, a pesar de haber crecido en años recientes, y la tasa de deserción llega a un preocupante 45 por ciento.
A los problemas de acceso y cobertura se suman otros retos de calidad. Solo el 13 por ciento de los programas de pregrado del país están acreditados y 21 de las 283 instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas gozan de acreditación institucional. No sorprende que ninguna universidad colombiana clasifique dentro de las 15 mejores de América Latina.
La reforma de Santos aborda con distinto grado de innovación los temas álgidos del sector: ampliación de los cupos, equidad en el acceso, financiación de las IES, mejoramiento de la calidad y rendición de cuentas. En unos artículos plantea correcciones de falencias de la legislación vigente y en otros introduce conceptos y estrategias que merecen la oportunidad de probarse. Por último, hay áreas donde el afán reformista se queda corto.
La intención del proyecto de ley de aumentar el porcentaje de bachilleres que sigan su formación es clara y con dientes. Una vía es la de la ampliación de la oferta mediante el ingreso de capital privado a las universidades y la creación de IES con ánimo de lucro. En este punto no hay que caer en el discurso miope de la "privatización" de la educación. Es muy cómodo para quienes gozan hoy de una silla universitaria pedirles a los que están fuera del sistema que esperen el mundo perfecto.
Sin duda, la entrada de nuevas instituciones influirá en la calidad y forzará a todas a mejorar sus programas. Sin embargo, la competencia abrirá el abanico de oportunidades y decantará la oferta. La clave radica en la vigilancia y la regulación que ejerzan las autoridades educativas.
El articulado contempla, asimismo, la introducción de nuevos esquemas de becas y de créditos condonables de acuerdo con el salario de los futuros egresados. Estos son programas cuya implementación vale la pena intentar y que abren cupos a los que hoy no pueden pagar sus estudios.
La reforma pretende acertadamente incluir mecanismos de buen gobierno en las universidades. Que respondan por sus presupuestos y decisiones y estén sujetas a inspección estatal. Los rectores han criticado estas medidas, ya que, en su opinión, violan la autonomía universitaria. Pero más transparencia y rendición de cuentas no es sinónimo de intromisión. Así como tampoco lo es unir el desempeño exitoso con más recursos.
El borrador del Gobierno no resuelve las crecientes brechas de recursos que las IES públicas sufren y asigna a la inversión privada un papel exagerado en el cierre financiero de las universidades. Por más oferta flexible, mejoras en el acceso y cuentas claras, la responsabilidad de la educación superior seguirá sobre los hombros del Estado, especialmente con relación a los más pobres y las minorías.
Referencia Original: El Tiempo
| [+/-] | Universidades con ánimo de lucro, apuesta del Gobierno - El Espectador |
Con la reforma, el Gobierno pretende que para 2014 unos 2’200.000 colombianos tengan acceso a la educación superior.
Este jueves, a las 5:30 p.m., en la Casa de Nariño, ante rectores y líderes del sector educativo, el presidente Juan Manuel Santos presentó oficialmente la propuesta del Gobierno para reformar la educación superior en Colombia.
“En 18 años todo cambia. Nada es igual”, fueron las palabras escogidas por el presidente para explicar por qué el Gobierno decidió plantear una cirugía a la Ley 30, que rige desde 1992 la educación superior en Colombia.
Nuevas tecnologías de la información, la internacionalización y la globalización son algunos de los cambios que en las últimas dos décadas le dieron otro rostro al mundo y que están obligando a las instituciones educativas a adaptarse para responder a esos retos. “La Ley 30 de 1992, con los beneficios que trajo en su momento, no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante”, apuntó el presidente.
La reforma que se pone a discusión de la comunidad académica desde hoy, y que sería presentada al Congreso en la segunda legislatura, pretende cumplir cuatro grandes objetivos: mayor calidad, aumentar cobertura, más pertinencia educativa y promover la transparencia y el buen gobierno en el sector.
Como lo dijo el mismo presidente, para que los colombianos se gradúen de la educación superior “se necesita plata, y mucha”. Por esto la reforma tiene previsto incrementar de forma escalonada el presupuesto que hoy reciben las instituciones públicas. En 2012 aumentaría 1%; en 2013, 2%, y entre 2014 y 2019, 3% .
Teniendo en cuenta que esto no es suficiente para cumplir las metas, el Gobierno propone la creación de “instituciones de educación superior con ánimo de lucro”. En otras palabras, dar la bienvenida al sector privado nacional y extranjero. Por ley, en Colombia estas entidades funcionan como instituciones sin ánimo de lucro.
Santos citó el caso de China, que logró pasar de dos millones de estudiantes a 26 millones en 20 años, gracias a que la oferta privada alcanzó el 20%. Según los cálculos del Gobierno, en 2014 el país podría tener 2’200.000 estudiantes en este nivel.
Otro de los puntos que promete generar discusión se refiere a los subsidios educativos. Aunque al cierre de esta edición no se conocía la redacción del proyecto de ley, las palabras del presidente insinuaron que los universitarios que reciban un apoyo por parte del Gobierno para su sostenimiento o para el pago de la matrícula tendrían que devolver el dinero al Estado una vez graduados y tan pronto superaran un umbral de ingreso. La pregunta en el aire es si esto aplicaría para los que reciban créditos del Icetex o para cualquier estudiante que hoy entra a una universidad pública.
El debate está abierto. Los rectores de las instituciones adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se reunirán hoy con la ministra María Fernanda Campo para conocer detalles de la propuesta. El Gobierno dijo ayer que se trata tan sólo de una propuesta e invitó a padres de familia, estudiantes, directivos, rectores y líderes del sector a que expresen sus opiniones sobre el proyecto.
Referencia Original: El Espectador
Este jueves, a las 5:30 p.m., en la Casa de Nariño, ante rectores y líderes del sector educativo, el presidente Juan Manuel Santos presentó oficialmente la propuesta del Gobierno para reformar la educación superior en Colombia.
“En 18 años todo cambia. Nada es igual”, fueron las palabras escogidas por el presidente para explicar por qué el Gobierno decidió plantear una cirugía a la Ley 30, que rige desde 1992 la educación superior en Colombia.
Nuevas tecnologías de la información, la internacionalización y la globalización son algunos de los cambios que en las últimas dos décadas le dieron otro rostro al mundo y que están obligando a las instituciones educativas a adaptarse para responder a esos retos. “La Ley 30 de 1992, con los beneficios que trajo en su momento, no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante”, apuntó el presidente.
La reforma que se pone a discusión de la comunidad académica desde hoy, y que sería presentada al Congreso en la segunda legislatura, pretende cumplir cuatro grandes objetivos: mayor calidad, aumentar cobertura, más pertinencia educativa y promover la transparencia y el buen gobierno en el sector.
“Si queremos dar el salto al desarrollo necesitamos un sistema de educación superior acorde con nuestras realidades y metas”, apuntó Santos. Aunque en su discurso el Presidente hizo énfasis en que se trata de una reforma que apunta a la calidad educativa, la verdad es que el grueso de las propuestas se concentran en ampliar la cobertura. Sin duda, muchas de ellas serán objeto de intensos debates en las próximas semanas, pues tocan fibras sensibles del sistema universitario.
Como lo dijo el mismo presidente, para que los colombianos se gradúen de la educación superior “se necesita plata, y mucha”. Por esto la reforma tiene previsto incrementar de forma escalonada el presupuesto que hoy reciben las instituciones públicas. En 2012 aumentaría 1%; en 2013, 2%, y entre 2014 y 2019, 3% .
Teniendo en cuenta que esto no es suficiente para cumplir las metas, el Gobierno propone la creación de “instituciones de educación superior con ánimo de lucro”. En otras palabras, dar la bienvenida al sector privado nacional y extranjero. Por ley, en Colombia estas entidades funcionan como instituciones sin ánimo de lucro.
Santos citó el caso de China, que logró pasar de dos millones de estudiantes a 26 millones en 20 años, gracias a que la oferta privada alcanzó el 20%. Según los cálculos del Gobierno, en 2014 el país podría tener 2’200.000 estudiantes en este nivel.
Otro de los puntos que promete generar discusión se refiere a los subsidios educativos. Aunque al cierre de esta edición no se conocía la redacción del proyecto de ley, las palabras del presidente insinuaron que los universitarios que reciban un apoyo por parte del Gobierno para su sostenimiento o para el pago de la matrícula tendrían que devolver el dinero al Estado una vez graduados y tan pronto superaran un umbral de ingreso. La pregunta en el aire es si esto aplicaría para los que reciban créditos del Icetex o para cualquier estudiante que hoy entra a una universidad pública.
El debate está abierto. Los rectores de las instituciones adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se reunirán hoy con la ministra María Fernanda Campo para conocer detalles de la propuesta. El Gobierno dijo ayer que se trata tan sólo de una propuesta e invitó a padres de familia, estudiantes, directivos, rectores y líderes del sector a que expresen sus opiniones sobre el proyecto.
Referencia Original: El Espectador
| [+/-] | Sobre la reforma a la educación - El Espectador |
El Gobierno, a través del nuevo PND, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50% aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos).
Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de 1 millón a 1,5 millones y significó un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5%. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total, las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8%. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 %) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas y dispone de un presupuesto de $1,8 billones.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupantel) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55% en promedio de los profesores son de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales o catedráticos. En las universidades públicas esta proporción es de 52,7% de los cerca de 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado es, no sólo la renuncia del Estado de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
Edilberto Rodríguez Araújo. Director Cenes de la UPTC. Tunja.
Referencia Original: El Espectador
Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de 1 millón a 1,5 millones y significó un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5%. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total, las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8%. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 %) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas y dispone de un presupuesto de $1,8 billones.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupantel) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55% en promedio de los profesores son de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales o catedráticos. En las universidades públicas esta proporción es de 52,7% de los cerca de 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado es, no sólo la renuncia del Estado de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
Edilberto Rodríguez Araújo. Director Cenes de la UPTC. Tunja.
Referencia Original: El Espectador
| [+/-] | La reforma de la Ley de Educación Superior, con muchas inquietudes al aire - Actualicese.com |
Si hay algo en lo que insisten los Contadores Públicos es que uno de los males, a nivel educativo, de la profesión es la existencia de las ‘universidades de garaje’. De igual manera, las instituciones educativas tienen que dejar pensar tanto en la parte económica y prestarle atención al bienestar y educación de los estudiantes.
Hace poco el presidente Juan Manuel Santos presentó a los rectores de universidades públicas y privadas la propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992), quienes se vieron sorprendidos, y con un sinsabor y muchas preguntas.
Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país.
Un lunar negro que se ve es el del aumento de la cobertura. El número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, sin embargo son 3’200.000 jóvenes los que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
¿Qué se busca con la reforma?
El Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivos:
- Generar las condiciones para que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos.
- Generar condiciones para que los colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen a través de la ampliación de la oferta de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.
- Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
- Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
¿Cuánto recibirá el sector educativo por cuenta de la nueva Ley?
Se tiene en mente realizar una inversión de $2.4 billones adicionales en los próximos 3 años. De estos, el Estado destinaría $410.000 millones a las instituciones y otros $774.000 millones a créditos y subsidios para los más necesitados. La idea es que para 2014 más de 2.200.000 estudiantes estén en procesos de formación pertinente y de calidad.
Universidades con ánimo de lucro, polémica a la vista
Dentro de la nueva propuesta aparece la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas, lo que para los rectorees no cayó muy bien, pues para ellos la creación de esta figura pondría en peligro la calidad de la educación superior.
Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
Como lo indica Semana, países como Brasil le apostaron a esta estrategia con muy buenos resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75% de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó Santos.
Ahora, desde el punto de vista de los rectores, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ranking de las mejores universidades.
¿Este es el fin de la educación pública?
Para el Gobierno es un no rotundo. La reforma plantea un aumento gradual de los recursos del Estado a las instituciones públicas hasta llegar a un 3% anual. Esos aportes serán distribuidos con base en el mejoramiento de la calidad de cada institución, la formación y la productividad docente; los resultados de investigación y el aumento de cobertura, especialmente en las regiones.
Se aumentarán entre un 30 por ciento y 50 por ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) los aportes adicionales de la Nación, dependiendo del crecimiento del PIB.
Cifras educativas
Según cifras del Ministerio de Educación, actualmente existen 283 instituciones de educación superior en el país. De ellas 80 son públicas (32 universidades) y 203 son privadas (48 universidades).
En total, se ofrecen 10.415 programas de educación superior (incluidos los programas técnicos profesionales y tecnológicos del Sena). Y de las 21 instituciones de educación superior acreditadas, 8 son públicas y 13 son privadas.
Referencia Original: Actualicese.com
Hace poco el presidente Juan Manuel Santos presentó a los rectores de universidades públicas y privadas la propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992), quienes se vieron sorprendidos, y con un sinsabor y muchas preguntas.
Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país.
Un lunar negro que se ve es el del aumento de la cobertura. El número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, sin embargo son 3’200.000 jóvenes los que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
¿Qué se busca con la reforma?
El Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivos:
- Generar las condiciones para que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos.
- Generar condiciones para que los colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen a través de la ampliación de la oferta de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.
- Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
- Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
¿Cuánto recibirá el sector educativo por cuenta de la nueva Ley?
Se tiene en mente realizar una inversión de $2.4 billones adicionales en los próximos 3 años. De estos, el Estado destinaría $410.000 millones a las instituciones y otros $774.000 millones a créditos y subsidios para los más necesitados. La idea es que para 2014 más de 2.200.000 estudiantes estén en procesos de formación pertinente y de calidad.
Universidades con ánimo de lucro, polémica a la vista
Dentro de la nueva propuesta aparece la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas, lo que para los rectorees no cayó muy bien, pues para ellos la creación de esta figura pondría en peligro la calidad de la educación superior.
Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
Como lo indica Semana, países como Brasil le apostaron a esta estrategia con muy buenos resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75% de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó Santos.
Ahora, desde el punto de vista de los rectores, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ranking de las mejores universidades.
¿Este es el fin de la educación pública?
Para el Gobierno es un no rotundo. La reforma plantea un aumento gradual de los recursos del Estado a las instituciones públicas hasta llegar a un 3% anual. Esos aportes serán distribuidos con base en el mejoramiento de la calidad de cada institución, la formación y la productividad docente; los resultados de investigación y el aumento de cobertura, especialmente en las regiones.
Se aumentarán entre un 30 por ciento y 50 por ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) los aportes adicionales de la Nación, dependiendo del crecimiento del PIB.
Cifras educativas
Según cifras del Ministerio de Educación, actualmente existen 283 instituciones de educación superior en el país. De ellas 80 son públicas (32 universidades) y 203 son privadas (48 universidades).
En total, se ofrecen 10.415 programas de educación superior (incluidos los programas técnicos profesionales y tecnológicos del Sena). Y de las 21 instituciones de educación superior acreditadas, 8 son públicas y 13 son privadas.
Referencia Original: Actualicese.com
| [+/-] | Planteamientos del Gobierno para reformar la Ley de Educación Superior - El Tiempo |
Reforma a la Ley 30 persigue que para el año 2014 estén estudiando más de 2,2 millones de jóvenes.
El proyecto de reforma busca mejorar la calidad de la educación superior, permitir que más jóvenes se gradúen de este nivel de formación, ampliar las fuentes de recursos para las universidades públicas y atraer inversión privada al sector.
El proyecto también persigue que para el 2014 estén cursando estudios en programas de calidad más de 2,2 millones de jóvenes, llegando así al 50 por ciento de cobertura en educación superior con la creación de 608 mil nuevos cupos, y que podría lograr que $2,4 billones de nuevos recursos ingresen al sector de la educación superior.
Añadió que también se busca adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
Botero comentó que se promoverá también la entrada de nuevos recursos a través de la creación de alianzas con el sector privado; fortalecer el Icetex para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos; promover que más estudiantes y profesores viajen a otros países a formarse; y promover la rendición de cuentas a la sociedad y al Estado, combinando la autonomía y la responsabilidad pública de las Instituciones de Educación Superior.
"Con estas acciones será posible generar condiciones de acceso y permanencia para que los más de 625 mil jóvenes que se gradúan del colegio cada año, así como los más de 3,2 millones de jóvenes que durante los últimos años ingresaron o desertaron de la educación superior, continúen su proceso educativo", sostuvo.
Pueden proponer
Desde el viernes 11 de marzo, en el portal educativo Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co), está habilitado el foro virtual para que el sector educativo pueda opinar y debatir acerca del Proyecto de Reforma a la Educación Superior.
"A través de este espacio de participación, directivos, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada, podrá enriquecer el proceso de diálogo y discusión para llegar a propuestas que enriquezcan el esquema de financiación para este nivel de formación y permitan la necesaria ampliación en el acceso, equidad y calidad de la educación superior", comentó el Viceministro de Educación Superior.
Comentó que en el Foro Proyecto de Reforma a la Educación Superior los participantes podrán encontrar servicios como interacción constante por medio de los video-tutoriales, participación en línea, difusión y promoción, enviar correos masivos a las bases de datos existentes; y hacer seguimiento y monitoreo continuo a la participación virtual.
Referencia Original: El Tiempo
El proyecto de reforma busca mejorar la calidad de la educación superior, permitir que más jóvenes se gradúen de este nivel de formación, ampliar las fuentes de recursos para las universidades públicas y atraer inversión privada al sector.
El proyecto también persigue que para el 2014 estén cursando estudios en programas de calidad más de 2,2 millones de jóvenes, llegando así al 50 por ciento de cobertura en educación superior con la creación de 608 mil nuevos cupos, y que podría lograr que $2,4 billones de nuevos recursos ingresen al sector de la educación superior.
"La reforma plantea, guardando siempre el principio de la autonomía universitaria, cuatro objetivos: Promover mayor calidad, a través de una mejor oferta de programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos; generar condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior con la ampliación de la oferta de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional", comentó Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior.
Añadió que también se busca adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
Botero comentó que se promoverá también la entrada de nuevos recursos a través de la creación de alianzas con el sector privado; fortalecer el Icetex para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos; promover que más estudiantes y profesores viajen a otros países a formarse; y promover la rendición de cuentas a la sociedad y al Estado, combinando la autonomía y la responsabilidad pública de las Instituciones de Educación Superior.
"Con estas acciones será posible generar condiciones de acceso y permanencia para que los más de 625 mil jóvenes que se gradúan del colegio cada año, así como los más de 3,2 millones de jóvenes que durante los últimos años ingresaron o desertaron de la educación superior, continúen su proceso educativo", sostuvo.
Pueden proponer
Desde el viernes 11 de marzo, en el portal educativo Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co), está habilitado el foro virtual para que el sector educativo pueda opinar y debatir acerca del Proyecto de Reforma a la Educación Superior.
"A través de este espacio de participación, directivos, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada, podrá enriquecer el proceso de diálogo y discusión para llegar a propuestas que enriquezcan el esquema de financiación para este nivel de formación y permitan la necesaria ampliación en el acceso, equidad y calidad de la educación superior", comentó el Viceministro de Educación Superior.
Comentó que en el Foro Proyecto de Reforma a la Educación Superior los participantes podrán encontrar servicios como interacción constante por medio de los video-tutoriales, participación en línea, difusión y promoción, enviar correos masivos a las bases de datos existentes; y hacer seguimiento y monitoreo continuo a la participación virtual.
Referencia Original: El Tiempo
| [+/-] | Educación no será privatizada - El Diario del Otun |
La reforma a la Ley 30 que se plantea actualmente en el Congreso de la República, ha despertado incertidumbre en la comunidad académica de la región.
El viceministro de Educación Superior, Javier Botero, estuvo de visita en la Universidad Tecnológica de Pereira, realizando un foro para esclarecer dudas acerca del tema y escuchar propuestas de los interesados en la educación del departamento.
El funcionario afirmó que “esta reforma nos cobija a todos, tiene como principal objetivo mejorar la educación superior y que haya una mejor oferta y mayores posibilidades de ingreso y graduación para todos los jóvenes colombianos”.
Luis Enrique Arango, rector de la UTP, afirmó que “es muy importante que esta institución haya sido escogida como una de los sitios para desarrollar este foro, pues es bueno tener de primera mano la información y poder debatir los aspectos que contiene esta propuesta del Gobierno, la cual está llamada a jugar un papel trascendental en el futuro de la educación superior en Colombia”.
A los miembros de las universidades les preocupa la pérdida de autónoma de las instituciones y la posible privatización de las mismas al abrirse la posibilidad de inyectarles capital de empresas privadas.
El rector de la UTP se refirió al tema diciendo que “quisiéramos encontrar formas y modelos de financiación que fueran integrales y justos, porque en el universo de las instituciones públicas hay grandes diferencias y hay que avanzar en la forma de financiarlas adecuadamente a todas dependiendo de su particularidad”.
Respecto a lo anterior Javier Botero anotó que “Colombia ha tenido un desarrollo mixto de la educación superior público y privado, hace muchos años había más estudiantes en la privada y hoy en día hay más en la pública".
De este modo la reforma plantea precisamente aumentar más recursos directos del presupuesto para las universidades públicas y permitir al mismo tiempo más inversión de empresas privadas.
En el marco de la visita el Viceministro de Educación también se refirió a la importancia de aclarar que la estrategia del Gobierno fue precisamente abrir una discusión para crear esta reforma en conjunto, así pues que el presidente Juan Manuel Santos lo que hizo fue preparar un documento de partida que esperan que sea enriquecido por los rectores, profesores, estudiantes y todos los actores sociales que quieran hacer parte de esta creación.
Referencia Original: El Diario del Otun
El viceministro de Educación Superior, Javier Botero, estuvo de visita en la Universidad Tecnológica de Pereira, realizando un foro para esclarecer dudas acerca del tema y escuchar propuestas de los interesados en la educación del departamento.
El funcionario afirmó que “esta reforma nos cobija a todos, tiene como principal objetivo mejorar la educación superior y que haya una mejor oferta y mayores posibilidades de ingreso y graduación para todos los jóvenes colombianos”.
Luis Enrique Arango, rector de la UTP, afirmó que “es muy importante que esta institución haya sido escogida como una de los sitios para desarrollar este foro, pues es bueno tener de primera mano la información y poder debatir los aspectos que contiene esta propuesta del Gobierno, la cual está llamada a jugar un papel trascendental en el futuro de la educación superior en Colombia”.
A los miembros de las universidades les preocupa la pérdida de autónoma de las instituciones y la posible privatización de las mismas al abrirse la posibilidad de inyectarles capital de empresas privadas.
El rector de la UTP se refirió al tema diciendo que “quisiéramos encontrar formas y modelos de financiación que fueran integrales y justos, porque en el universo de las instituciones públicas hay grandes diferencias y hay que avanzar en la forma de financiarlas adecuadamente a todas dependiendo de su particularidad”.
Respecto a lo anterior Javier Botero anotó que “Colombia ha tenido un desarrollo mixto de la educación superior público y privado, hace muchos años había más estudiantes en la privada y hoy en día hay más en la pública".
De este modo la reforma plantea precisamente aumentar más recursos directos del presupuesto para las universidades públicas y permitir al mismo tiempo más inversión de empresas privadas.
En el marco de la visita el Viceministro de Educación también se refirió a la importancia de aclarar que la estrategia del Gobierno fue precisamente abrir una discusión para crear esta reforma en conjunto, así pues que el presidente Juan Manuel Santos lo que hizo fue preparar un documento de partida que esperan que sea enriquecido por los rectores, profesores, estudiantes y todos los actores sociales que quieran hacer parte de esta creación.
Referencia Original: El Diario del Otun
| [+/-] | Intenso debate genera reforma a la Ley 30 - Agencia de Noticias de la UN |
Voceros de padres de familia, rectores de universidades públicas y representantes del Presidente debatieron la propuesta de reforma a la Ley 30, presentada por el Gobierno en UN Análisis de UN Radio.
Este Colectivo ha señalado que la educación pública debe ser financiada por el Estado; no es aceptable que se argumente falta de presupuesto, pues el mismo Gobierno destina las partidas y el capital privado no invierte de manera altruista.
Luis Enrique Orozco, director del Área de Gestión y Política Pública de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, a su turno, señaló: “El diagnóstico que hacemos sobre los problemas estructurales de la educación en el país se mantienen en el transcurso del tiempo. En el 80 se decía que las debilidades eran la baja calidad, la deserción, los recursos para la universidad pública, la poca cobertura y la no pertinencia. Cuando se hizo la Ley 30, en 1992, el diagnóstico era el mismo, y hoy no ha cambiado la situación”.
Orozco agregó: “La diferencia es que la Ley 30 hizo más énfasis en el concepto de autonomía, creó el sistema de acreditación y los organismos de vigilancia, el financiamiento de las universidades públicas y modernizó el aparato central (Icfes y Ministerio de Educación). Con la nueva propuesta se hace frente a la calidad y a las buenas prácticas en vigilancia, la diferencia radica en las soluciones”.
El representante de la Universidad de Los Andes advirtió que existe una retorica muy grande sobre la importancia que se le otorga a la educación superior como motor de desarrollo, pero no corresponde a la asignación de recursos para lograrlo. Según Orozco, hay que defender la tesis según la cual el Estado debe financiar la universidad pública, y cuando esta es fuerte se mejora la universidad privada pero, explicó, eso no significa que el país no tenga la necesidad de comprometer al sector privado y a la sociedad civil en el financiamiento de la educación superior.
Orozco concluyó que en estos momentos el tema central de discusión es la financiación de la universidad pública, pero, según él, hay otros temas que debían recibir un análisis crítico para definir cuál es la dinámica que tomará la educación superior en Colombia.
Para Antonio Yepes Parra, representante del Presidente Juan Manuel Santos en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, “esta es una propuesta para debatir a todos los niveles, en Medellín se hizo una reunión importante en la universidad Eafit. Esta norma no va a ser impuesta, sino que se está enriqueciendo de todos los sectores. En el Plan de Desarrollo, la educación es el soporte o los rieles de las locomotoras que el mandatario le ha presentado al país”.
Yepes explicó que, en cuanto a financiación, hay que reconocer que en los últimos años no se ha avanzado en el tema, por eso en la propuesta del Gobierno se habla de la participación del sector privado, tema que debe ser analizado de manera prudente, pues se basa en experiencias de otros países, con condiciones diferentes. “No hay que esperar que con proyectos entre la universidad pública y el sector privado se solucione el problema. Realmente se esperaban propuestas más contundentes”, indicó.
Al término del cuarto foro sobre la iniciativa, organizado por el Ministerio de Educación Nacional en Pereira, Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, afirmó: “Lo interesante fue que se permitió el debate. En el mes de junio, tanto Ascún como el SUE vamos a presentar una respuesta oficial al texto impulsado por el Gobierno y definiremos las propuestas adicionales, porque estamos construyendo un modelo de financiación alternativo. Asimismo, expondremos un articulado de ley estatutaria porque coincidimos en que es importante llevar el tema de autonomía a nivel de estatuto”.
Referencia Original: Agencia de Noticias de la UN
Germán Cantor, vocero del Colectivo Madres y Padres de Estudiantes (MAPA) de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró: “La Ley 30 no es buena porque estableció que el incremento dependa del crecimiento del país y eso no es lógico, debido a que la universidad tiene otro tipo de gastos y crece a ritmo diferente. Con la nueva propuesta no se soluciona, sino que además se introducen otra serie de elementos que pueden empeorar la situación, plantea soluciones que no resuelven los problemas de financiación y da remedios que no son”.
Este Colectivo ha señalado que la educación pública debe ser financiada por el Estado; no es aceptable que se argumente falta de presupuesto, pues el mismo Gobierno destina las partidas y el capital privado no invierte de manera altruista.
Luis Enrique Orozco, director del Área de Gestión y Política Pública de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, a su turno, señaló: “El diagnóstico que hacemos sobre los problemas estructurales de la educación en el país se mantienen en el transcurso del tiempo. En el 80 se decía que las debilidades eran la baja calidad, la deserción, los recursos para la universidad pública, la poca cobertura y la no pertinencia. Cuando se hizo la Ley 30, en 1992, el diagnóstico era el mismo, y hoy no ha cambiado la situación”.
Orozco agregó: “La diferencia es que la Ley 30 hizo más énfasis en el concepto de autonomía, creó el sistema de acreditación y los organismos de vigilancia, el financiamiento de las universidades públicas y modernizó el aparato central (Icfes y Ministerio de Educación). Con la nueva propuesta se hace frente a la calidad y a las buenas prácticas en vigilancia, la diferencia radica en las soluciones”.
El representante de la Universidad de Los Andes advirtió que existe una retorica muy grande sobre la importancia que se le otorga a la educación superior como motor de desarrollo, pero no corresponde a la asignación de recursos para lograrlo. Según Orozco, hay que defender la tesis según la cual el Estado debe financiar la universidad pública, y cuando esta es fuerte se mejora la universidad privada pero, explicó, eso no significa que el país no tenga la necesidad de comprometer al sector privado y a la sociedad civil en el financiamiento de la educación superior.
Orozco concluyó que en estos momentos el tema central de discusión es la financiación de la universidad pública, pero, según él, hay otros temas que debían recibir un análisis crítico para definir cuál es la dinámica que tomará la educación superior en Colombia.
Para Antonio Yepes Parra, representante del Presidente Juan Manuel Santos en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, “esta es una propuesta para debatir a todos los niveles, en Medellín se hizo una reunión importante en la universidad Eafit. Esta norma no va a ser impuesta, sino que se está enriqueciendo de todos los sectores. En el Plan de Desarrollo, la educación es el soporte o los rieles de las locomotoras que el mandatario le ha presentado al país”.
Yepes explicó que, en cuanto a financiación, hay que reconocer que en los últimos años no se ha avanzado en el tema, por eso en la propuesta del Gobierno se habla de la participación del sector privado, tema que debe ser analizado de manera prudente, pues se basa en experiencias de otros países, con condiciones diferentes. “No hay que esperar que con proyectos entre la universidad pública y el sector privado se solucione el problema. Realmente se esperaban propuestas más contundentes”, indicó.
Al término del cuarto foro sobre la iniciativa, organizado por el Ministerio de Educación Nacional en Pereira, Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, afirmó: “Lo interesante fue que se permitió el debate. En el mes de junio, tanto Ascún como el SUE vamos a presentar una respuesta oficial al texto impulsado por el Gobierno y definiremos las propuestas adicionales, porque estamos construyendo un modelo de financiación alternativo. Asimismo, expondremos un articulado de ley estatutaria porque coincidimos en que es importante llevar el tema de autonomía a nivel de estatuto”.
Referencia Original: Agencia de Noticias de la UN
| [+/-] | 'Propuesta del gobierno es altamente insuficiente': Moises Wasserman - El Tiempo |
Las universidades públicas se financiarían con aportes del Gobierno y de la empresa privada.
Sin embargo, Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, afirma que esta reforma es 'altamente insuficiente' y no alcanzaría a arrojar los buenos resultados de crecimiento del 38 por ciento que proyecta el Ministerio de Educación para los próximos cuatro años.
En conversaciones con los rectores, la ministra de educación, María Fernanda Campo, afirmó que la reforma traería 2,4 billones de pesos más para las universidades públicas y privadas, esa suma es equivalente a un incremento del 16 por ciento sobre los 15,2 billones destinados para la educación superior durante cuatro años.
Wasserman explicó que ese incremento es insuficiente si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional tiene una meta de crecimiento del 38 por ciento para ese mismo periodo. "¿Cómo se crece un 38 por ciento con solo el 16 por ciento de recursos adicionales? ¿Y cómo además se va a crecer en calidad?", agregó.
El punto que genera mayor inconformidad entre la comunidad académica es que los recursos tendrían un destino más puntual hacia las acciones a futuro, por lo que no cubrirían uno de los grandes virus que amenazan la permanencia y estabilidad de las universidades públicas: el pasivo pensional.
El rector también aclaró que no se oponen a recibir donaciones o aportes del sector privado, pero enfatizó en que estos son insuficientes: "nadie va a esperar que la empresa privada soporte la modernización tecnológica de la universidad ni que pague los salarios de los profesores".
Orden público en la universidad
El catedrático enfatizó en que no aprueba los hechos de violencia presentados dentro de algunas universidades esta semana.
Frente a la posibilidad de que haya personas de las Bacrim y de grupos armados infiltrados en esas acciones violentas, Wasserman dijo que la universidad no tiene un sistema de inteligencia militar, ni de vigilancia que le permita hacer averiguaciones individuales.
"La universidad contrata profesores, no contrata investigadores penales ni cosas por el estilo. Hay una división de tareas bastante clara y esa realmente no es la nuestra" afirmó.
Se cree que la Universidad Nacional pierde cerca de mil millones de pesos por cada día de bloqueo por parte de las movilizaciones estudiantiles. Esta suma representa los posibles daños a la infraestructura, y los pagos a docentes y empleados que no pueden suspenderse como consecuencia de la resistencia.
Referencia Original: El Tiempo
Sin embargo, Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, afirma que esta reforma es 'altamente insuficiente' y no alcanzaría a arrojar los buenos resultados de crecimiento del 38 por ciento que proyecta el Ministerio de Educación para los próximos cuatro años.
En conversaciones con los rectores, la ministra de educación, María Fernanda Campo, afirmó que la reforma traería 2,4 billones de pesos más para las universidades públicas y privadas, esa suma es equivalente a un incremento del 16 por ciento sobre los 15,2 billones destinados para la educación superior durante cuatro años.
Wasserman explicó que ese incremento es insuficiente si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional tiene una meta de crecimiento del 38 por ciento para ese mismo periodo. "¿Cómo se crece un 38 por ciento con solo el 16 por ciento de recursos adicionales? ¿Y cómo además se va a crecer en calidad?", agregó.
El punto que genera mayor inconformidad entre la comunidad académica es que los recursos tendrían un destino más puntual hacia las acciones a futuro, por lo que no cubrirían uno de los grandes virus que amenazan la permanencia y estabilidad de las universidades públicas: el pasivo pensional.
El rector también aclaró que no se oponen a recibir donaciones o aportes del sector privado, pero enfatizó en que estos son insuficientes: "nadie va a esperar que la empresa privada soporte la modernización tecnológica de la universidad ni que pague los salarios de los profesores".
Orden público en la universidad
El catedrático enfatizó en que no aprueba los hechos de violencia presentados dentro de algunas universidades esta semana.
Frente a la posibilidad de que haya personas de las Bacrim y de grupos armados infiltrados en esas acciones violentas, Wasserman dijo que la universidad no tiene un sistema de inteligencia militar, ni de vigilancia que le permita hacer averiguaciones individuales.
"La universidad contrata profesores, no contrata investigadores penales ni cosas por el estilo. Hay una división de tareas bastante clara y esa realmente no es la nuestra" afirmó.
Se cree que la Universidad Nacional pierde cerca de mil millones de pesos por cada día de bloqueo por parte de las movilizaciones estudiantiles. Esta suma representa los posibles daños a la infraestructura, y los pagos a docentes y empleados que no pueden suspenderse como consecuencia de la resistencia.
Referencia Original: El Tiempo
| [+/-] | Reforma a la Ley 30: por qué sí, por qué no - Semana.com |
Gobierno y rectores chocan en torno a varias propuestas de la reforma a la educación superior. Estos son cuatro de los puntos que más generan polémica.
La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas.
Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.
Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas.
Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos.
1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas
Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”.
El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa.“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.
Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades?
2. Más plata para la universidad pública
El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro.
La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad.
En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
3. Se crearán universidades con ánimo de lucro
Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior.
Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.
Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”.
Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”.
4. Autonomía universitaria
Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria.
Referencia Original: Semana.com
La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas.
Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.
Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas.
Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos.
1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas
Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”.
El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa.“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.
Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades?
2. Más plata para la universidad pública
El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro.
La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad.
En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
3. Se crearán universidades con ánimo de lucro
Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior.
Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.
Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”.
Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”.
4. Autonomía universitaria
Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria.
“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.
Referencia Original: Semana.com
| [+/-] | Universidades presentarán alternativas a reforma de Ley 30 - Unimedios |
Las universidades del país trabajan conjuntamente para presentar al Gobierno nacional varias propuestas de reforma a la Ley de Educación Superior o Ley 30 de 1992.
Así lo explicó el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, durante un foro en el que se discutió el tema, realizado en la UN en Medellín.
La iniciativa, dijo, parte de la realización de foros, reuniones de discusión y participación activa con otras universidades para la preparación de proyectos, entre ellos una ley estatutaria de autonomía.
“Por otro lado, preparamos un modelo de financiamiento con perspectiva de largo término para las universidades públicas, y en el siguiente mes estaremos recogiendo ideas, consolidándolas, proponiéndole al Gobierno que nos sentemos en mesas de discusión”, agregó el funcionario.
Para el rector, los distintos estamentos universitarios deben ver y analizar con rigor la propuesta de la ley que hizo el Gobierno nacional y discutir sobre cuáles son los puntos en los que no se puede ceder y en los que se puede negociar.
“Creo que sí se puede, en la sociedad hay manifestaciones muy grandes de apoyo, hay incluso voces disidentes en las fuerzas políticas del Gobierno que comparten la posición de la universidad. El Ministerio de Educación abrió la discusión, supongo que si lo hizo fue porque quiere escuchar y está dispuesto a modificar, y creo que tenemos que hacer lo posible por lograr mejorar el proyecto”, sostuvo Wasserman.
Los principales puntos de discusión para el rector de la UN son los de financiación, autonomía universitaria y equidad-calidad. Según explicó, se está presentando a la opinión pública la idea de que hay recursos adicionales, pero realmente no es así.
“Se han oído voces, incluso del Gobierno, que sostienen que esta ley no es para resolver ese problema, pero pareciera imposible que vayamos a hacer una reestructuración de todo el sistema de educación superior y que no abordemos el problema financiero”, dijo.
Explicó que el tema de la autonomía de las universidades debe entenderse comprendiendo que son proyectos académicos que tienen sus limitaciones porque están enmarcados en la ley y se les hace inspección y vigilancia.
Finalmente, los temas de equidad y calidad, de acuerdo con Wasserman, están ausentes en la ley que presentó el Gobierno, porque no define los instrumentos para el fomento de la calidad en los posgrados, investigaciones y el tema de internacionalización.
Durante el Foro Reflexiones acerca del Proyecto de Ley de Educación Superior, realizado en el Auditorio Gerardo Molina, también dieron sus opiniones estudiantes y docentes. Se trató de la primera de una serie de actividades que se realizarán en la universidad con respecto al tema.
Referencia: Agencia de Noticas de la Unal
AudiosAsí lo explicó el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, durante un foro en el que se discutió el tema, realizado en la UN en Medellín.
La iniciativa, dijo, parte de la realización de foros, reuniones de discusión y participación activa con otras universidades para la preparación de proyectos, entre ellos una ley estatutaria de autonomía.
“Por otro lado, preparamos un modelo de financiamiento con perspectiva de largo término para las universidades públicas, y en el siguiente mes estaremos recogiendo ideas, consolidándolas, proponiéndole al Gobierno que nos sentemos en mesas de discusión”, agregó el funcionario.
Para el rector, los distintos estamentos universitarios deben ver y analizar con rigor la propuesta de la ley que hizo el Gobierno nacional y discutir sobre cuáles son los puntos en los que no se puede ceder y en los que se puede negociar.
“Creo que sí se puede, en la sociedad hay manifestaciones muy grandes de apoyo, hay incluso voces disidentes en las fuerzas políticas del Gobierno que comparten la posición de la universidad. El Ministerio de Educación abrió la discusión, supongo que si lo hizo fue porque quiere escuchar y está dispuesto a modificar, y creo que tenemos que hacer lo posible por lograr mejorar el proyecto”, sostuvo Wasserman.
Los principales puntos de discusión para el rector de la UN son los de financiación, autonomía universitaria y equidad-calidad. Según explicó, se está presentando a la opinión pública la idea de que hay recursos adicionales, pero realmente no es así.
“Se han oído voces, incluso del Gobierno, que sostienen que esta ley no es para resolver ese problema, pero pareciera imposible que vayamos a hacer una reestructuración de todo el sistema de educación superior y que no abordemos el problema financiero”, dijo.
Explicó que el tema de la autonomía de las universidades debe entenderse comprendiendo que son proyectos académicos que tienen sus limitaciones porque están enmarcados en la ley y se les hace inspección y vigilancia.
“Hay unos puntos que están en discusión de la comunidad y seguramente se van a sumar muchos otros que nos parece que pondrían en peligro el principio de autonomía que es fundamental para las universidades. Creo que se ha demostrado, en la historia de 100 años de universidad, que la autonomía ha sido extraordinariamente provechosa para la sociedad”, dijo.
Finalmente, los temas de equidad y calidad, de acuerdo con Wasserman, están ausentes en la ley que presentó el Gobierno, porque no define los instrumentos para el fomento de la calidad en los posgrados, investigaciones y el tema de internacionalización.
Durante el Foro Reflexiones acerca del Proyecto de Ley de Educación Superior, realizado en el Auditorio Gerardo Molina, también dieron sus opiniones estudiantes y docentes. Se trató de la primera de una serie de actividades que se realizarán en la universidad con respecto al tema.
Referencia: Agencia de Noticas de la Unal
UN Radio - Reforma a la Ley 30
Entrevista a la Ministra de Educación Maria Fernanda Campo en la W
Foro internacional sobre reformas a la educación superior
Alberto Uribe Correa Danilo Vivas Moisés Wasserman Iván Enrique Ramos
Universidad de Antioquia - Primer Foro Regional del Debate
Intervención de algunos estudiantes de la institución
Respuestas de la Ministra de Educación
 | La idea es que la comunidad académica, el sector productivo y la sociedad en general participemos y contribuyamos en este proceso de discusión. |
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